La Cámara de Diputadas y Diputados despachó al Senado el proyecto sobre institucionalidad municipal en materia de seguridad.
La iniciativa actualiza la ley 21.802, para permitir su “adecuada y coherente implementación”, con el fin de asegurar que “los estándares de la prestación del servicio de seguridad pública y prevención del delito, realizado por las municipalidades, mejoren sustantivamente y sean efectivamente realizados”.
Con todo, la norma establece que para contratar personal de seguridad, las municipalidades “podrán exceder, hasta en un 5% de sus ingresos propios percibidos en el año anterior, el límite legal del 42% para gastos de personal, establecido en el Estatuto Administrativo para funcionarios municipales”.
Respecto a los vehículos de seguridad, se autoriza a los conductores “operar con licencia de conducir clase B, lo que permitirá que los vehículos sigan en operaciones sin que su conductor posea clase F, documento que autoriza el manejo de vehículos de emergencia”.
En tanto, se rechazó la propuesta sobre autorización excepcional para usar en las contrataciones de inspectores de seguridad hasta el 15% o 25% de dichos ingresos, luego de no alcanzar el quórum calificado de 78 votos.
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