El exministro de Justicia y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Jaime Gajardo, cuestionó duramente la reforma constitucional de seguridad presentada por el Gobierno y acusó que una de sus finalidades sería “disciplinar” al Tribunal Constitucional (TC).
En entrevista con CNN Chile Radio, Gajardo calificó la iniciativa como “muy preocupante” y “peligrosa”, argumentando que busca modificar la Carta Fundamental después de que el TC objetara algunas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo.
“Trata de disciplinar al Tribunal Constitucional. Es decir, el Tribunal Constitucional recientemente, en un fallo sobre Escuelas Protegidas, dijo que condicionar beneficios sociales o derechos sociales al no haber cometido faltas o algún delito era algo inconstitucional”, sostuvo.
A su juicio, con la nueva propuesta el Ejecutivo pretende “transformar en constitucional aquello que el Tribunal Constitucional le dijo que vulneraba derechos fundamentales”.
#CNNChileRadio | Jaime Gajardo, exministro de Justicia, sobre reforma constitucional en el marco de la Agenda de Seguridad: “Le entrega al presidente de la República la posibilidad de calificar él si una organización es terrorista o no, no los Tribunales de Justicia- Eso… pic.twitter.com/Il2wfNQhEB
— CNN Chile (@CNNChile) August 19, 2026
“Es muy preocupante”
Gajardo sostuvo que el problema no está en la facultad del Congreso para modificar la Constitución, sino en utilizar esa herramienta como respuesta a fallos adversos de los organismos encargados de controlar al poder político.
“La reforma a la Constitución son cosas serias, porque la Constitución es la norma fundamental. Son cuestiones que hay que discutir de manera pausada, tranquila. No tienen que ser reacciones a problemas que tengamos con algún tribunal supremo o con el Tribunal Constitucional”, señaló.
El exministro también cuestionó que el proyecto contemple nuevas atribuciones para el Presidente, entre ellas un estado de excepción que podría extenderse hasta por 240 días y la posibilidad de calificar organizaciones como terroristas con acuerdo del Senado.
“Es un proyecto que, en términos generales, le otorga facultades al Presidente de la República sin controles. Y eso es muy complejo”, afirmó.
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