La nueva ofensiva de seguridad del Gobierno ya entró al Congreso y su primera discusión dejó claro que el camino será distinto al que La Moneda esperaba.
El Ejecutivo presentó una reforma constitucional para ampliar las herramientas contra el crimen organizado y el terrorismo, pero uno de sus principales mecanismos —un nuevo estado de excepción de seguridad pública— despertó reparos incluso entre parlamentarios oficialistas.
El proyecto fue ingresado al Senado como parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), anunciada por el Presidente José Antonio Kast tras el despacho de la Megarreforma económica.
El Ejecutivo pidió una tramitación rápida y le puso suma urgencia, pero la iniciativa deberá pasar por las comisiones de Constitución, Defensa y Seguridad Pública antes de llegar a la Sala.
La reforma necesita cuatro séptimos de los parlamentarios en ejercicio para avanzar. Ese quórum obliga al Gobierno a mantener unido a su sector y buscar apoyos adicionales, justo cuando RN, Evópoli y senadores no alineados han planteado dudas sobre algunas de las facultades contempladas.
¿Qué propone concretamente? Según explicó el Senado, el proyecto se estructura sobre tres grandes pilares: convertir expresamente la seguridad pública en un deber constitucional del Estado, reforzar la persecución de organizaciones criminales y crear una herramienta especial para recuperar territorios controlados por bandas.
Un nuevo estado de excepción para zonas bajo amenaza criminal
El punto que concentra la mayor controversia es la creación de un Estado de Excepción Constitucional de Seguridad Pública, una figura distinta de los estados de asamblea, sitio, catástrofe y emergencia que contempla actualmente la Constitución.
La nueva herramienta podría aplicarse cuando exista una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando esta haya sido gravemente afectada. El Presidente determinaría las zonas donde regirá, lo que abre la posibilidad de utilizarlo sobre territorios más acotados que una región o provincia: por ejemplo, determinados barrios o sectores urbanos afectados por organizaciones criminales.
La propuesta establece una duración inicial máxima de 120 días. El Presidente podría extenderla por otros 120 días y, para nuevas prórrogas posteriores, necesitaría el acuerdo del Congreso.
Durante su vigencia podrían suspenderse o restringirse la libertad personal y de locomoción y el derecho de reunión. El texto también contempla restricciones al derecho de asociación, además de facultades para interceptar, abrir o registrar documentos y comunicaciones y ordenar requisiciones de bienes.
Es precisamente la amplitud de esas facultades la que abrió los mayores reparos en el Congreso. El proyecto permite, en la práctica, mantener el régimen durante hasta 240 días antes de que una nueva extensión requiera necesariamente la autorización parlamentaria.
¿Quién queda a cargo y qué rol tendrían los militares?
La reforma también busca ampliar la colaboración de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, aunque el Gobierno ha insistido en que no pretende convertir a los militares en policías.
El texto dispone que un oficial general quede al mando de la zona sometida al nuevo estado de excepción, aunque no especifica expresamente si deberá pertenecer a las Fuerzas Armadas o a Carabineros.
Durante las últimas semanas, el Ejecutivo ha explicado que el objetivo es que las policías mantengan sus funciones de persecución del delito mientras las Fuerzas Armadas puedan asumir labores específicas de apoyo, resguardo de infraestructura o control territorial bajo reglas previamente establecidas.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, explicó en Tolerancia Cero que la herramienta está pensada para realizar intervenciones “profundas, temporales y con rendición de cuentas” en zonas donde operen organizaciones criminales o terroristas y donde las herramientas habituales resulten insuficientes.
Seguridad como deber constitucional del Estado
Otro cambio apunta directamente al artículo primero de la Constitución. La propuesta busca incorporar de manera expresa la seguridad pública como un deber del Estado.
La idea del Ejecutivo es elevarla desde una función de la administración a un principio que comprometa al conjunto de las instituciones públicas, incluidos el Gobierno, el Congreso, los tribunales y el Ministerio Público.
“La seguridad nacional debe ser un deber del Estado y no una priorización del gobierno que esté de turno”, sostuvo la presidenta del Senado, Paulina Núñez, durante la presentación del proyecto.
Este punto ha generado una controversia menor que el nuevo estado de excepción, aunque algunos constitucionalistas han planteado que la Carta Fundamental ya contiene obligaciones estatales relacionadas con la seguridad y el orden público.
Una lista para identificar organizaciones criminales
La reforma también busca facilitar la persecución penal mediante la creación de una nómina oficial de organizaciones criminales y terroristas.
Hoy, cuando la Fiscalía acusa a una persona de pertenecer a una organización criminal, debe acreditar no solo su participación, sino también la existencia y características de esa estructura delictual.
El mecanismo propuesto pretende que exista previamente una calificación de determinadas organizaciones. Según la explicación entregada por Arrau, esto permitiría concentrar la investigación en demostrar la pertenencia del acusado al grupo y los delitos cometidos, sin reconstruir en cada causa la existencia de toda la organización.
La nómina sería elaborada por el Ejecutivo y estaría sometida a control del Senado, de acuerdo con la descripción entregada por la Cámara Alta.
El proyecto también refuerza el objetivo de atacar el patrimonio de las organizaciones, con herramientas destinadas a rastrear, congelar e incautar activos provenientes del crimen organizado.
Beneficios estatales para condenados: un punto que también genera dudas
Otro de los debates abiertos durante la elaboración de la reforma se refiere al acceso a prestaciones estatales de personas condenadas por terrorismo o crimen organizado.
Los primeros borradores contemplaban restricciones directas sobre beneficios en ámbitos como salud, educación y seguridad social. La versión ingresada al Congreso dejó esa definición entregada a una futura ley de quórum calificado.
El objetivo, según ha explicado el Gobierno, es permitir que el legislador establezca restricciones adicionales para personas condenadas por este tipo de delitos. El Ejecutivo ha precisado que se mantendrían prestaciones esenciales.
La propuesta provocó dudas dentro del propio oficialismo. La presidenta de RN, Andrea Balladares, cuestionó la falta de claridad respecto del alcance de las eventuales limitaciones sobre garantías como salud y educación, según consignó La Tercera.
Los reparos aparecen dentro del propio oficialismo
La principal dificultad para La Moneda apareció incluso antes de que comenzara la discusión de fondo. Dirigentes de Chile Vamos acusaron que el proyecto tuvo poco trabajo prelegislativo y advirtieron que respaldar el objetivo de combatir el crimen organizado no significa aprobar todas las herramientas propuestas.
El senador RN Andrés Longton cuestionó que el texto no hubiera sido previamente conversado con las bancadas y recordó que el Ejecutivo necesita cuatro séptimos para aprobarlo.
El presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, concentró sus críticas en el nuevo estado de excepción. Aunque comprometió apoyo a la agenda de seguridad, advirtió que la propuesta entrega “poderes excesivos” al Presidente y sostuvo que no otorgaría atribuciones de esa magnitud a un Ejecutivo de signo político contrario.
“No se justifica en democracia dar atribuciones al Ejecutivo sin control del Congreso en 240 días”, señaló Cruz-Coke, también a La Tercera.
Desde la UDI, su presidente, Guillermo Ramírez, reconoció que será necesario modificar algunos puntos para construir la mayoría requerida. “Vamos a tener que afinar el texto para conseguir esos 4/7”, afirmó al mismo medio.
Walker y Kaiser también ponen en duda sus votos
El escenario se vuelve más complejo fuera de Chile Vamos. El senador independiente Matías Walker, quien integra la bancada de Evópoli y ha entregado votos al Gobierno en otros proyectos, adelantó su rechazo al diseño actual del estado de excepción.
“240 días de estado de excepción sin control del Congreso, afectando los derechos y libertades más básicas: así mueren las democracias”, escribió el parlamentario en sus redes sociales.
El presidente del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, también cuestionó la duración y profundidad de las restricciones. Planteó que durante la tramitación deberán imponerse límites a esas facultades y advirtió que, si eso no ocurre, su sector podría rechazar el texto.
El Partido de la Gente, por su parte, manifestó resistencia a respaldar nuevas modificaciones constitucionales, mientras la oposición de izquierda ha cuestionado de forma más amplia la proporcionalidad de las atribuciones propuestas.
La primera consecuencia de esos reparos ya se produjo en el Senado. Aunque el Gobierno pretendía una revisión rápida, los comités acordaron que la reforma pase por Constitución, Defensa y Seguridad Pública.
La decisión amplía el espacio para introducir modificaciones antes de que el proyecto llegue a la Sala.
Arrau ya abrió la puerta a cambios. El ministro sostuvo que el Gobierno no pretende tratar el proyecto como un texto inalterable y que está dispuesto a estudiar indicaciones que permitan mejorar la propuesta.
La discusión que comienza ahora no parece estar puesta en si el Estado necesita más herramientas contra el crimen organizado —un diagnóstico que atraviesa buena parte del espectro político—, sino en hasta dónde pueden llegar esas herramientas y qué controles deben acompañarlas.
Lo más leído
- “Es muy preocupante y peligrosa”: Exministro Gajardo acusa que reforma de seguridad del Gobierno busca “disciplinar” al TC
- PGU: Corte de Valparaíso acoge recurso de protección y ordenó al ISP pronunciarse sobre acceso a pensión de 68 personas
- Javier Milei enfrenta una seguidilla de tropiezos mientras se prepara para la carrera por la reelección en 2027
- Avanza al Senado proyecto sobre institucionalidad municipal: Se discutió la contratación de personal de seguridad
- “Bala loca” atraviesa techo de vivienda y hiere en el cuello a joven de 18 años en Recoleta
