La actualización que hizo el gobierno del Plan Nacional de Derechos Humanos ha generado varias controversias, entre ellas, la que tiene que ver con la forma en la que se encara la discusión sobre matrimonio igualitario.
En vez de mantenerlo como prioridad, se conoció que sólo se mantendrá un monitoreo del proyecto de ley que actualmente está en el Senado, lo que desató la indignación en la comunidad LGTBI.
Por eso, este lunes Fundación Iguales llegó hasta Contraloría para hacerle presente que, con su determinación, el gobierno estaría yendo en contra del pacto firmado con el Movilh en 2016 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde el Estado se comprometió a impulsar el matrimonio igualitario en el país.
“El gobierno está vulnerando la literalidad del acuerdo de solución amistosa del Movilh con el Estado chileno firmado en 2016. Ese acuerdo lo que dice es que el Estado tiene el deber de promover, es decir, impulsar, la iniciativa del matrimonio igualitario y esa literalidad hoy en día está siendo vulnerada al decir que lo que tiene que hacer el Estado es monitorear“, señaló Juan Enrique Pi, presidente de Iguales.
El activista indicó que con lo anterior el Estado decide “tomar simplemente una posición de espectador en vez de impulsar una política pública que tiene por objeto defender derechos humanos, y ese es el punto principal de este requerimiento que esperamos que sea acogido por parte de Contraloría”.
El Plan Nacional de Derechos Humanos, un documento que incluye 608 acciones comprometidas por 42 instituciones del Estado, fue ingresado la semana pasada ante Contraloría por el Ejecutivo para su última revisión antes de su entrada en vigencia.
Ante la controversia, el presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Felipe Harboe (PPD), se comprometió a hacer los esfuerzos para poder retomar la discusión del proyecto.
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