"El compromiso no lo contrajo la administración anterior y el Movilh, sino el Estado chileno y eso trasciende cualquier gobierno", comentó la conductora de Marca Registrada tras el ingreso del Plan Nacional de DD.HH. a Contraloría.
Una palabra basta para crear una controversia. De promover a monitorear. Así cambió el Gobierno el rol que tendrá el Estado de Chile en relación al matrimonio igualitario.
Se trata de una ley que es parte del compromiso que suscribió Chile con el Movilh como solución amistosa frente a la demanda que esta agrupación presentó ante la Comisión Interamericana de DD.HH. Un compromiso que Contraloría ratificó como vinculante.
El cambio de promover a monitorear la ley de matrimonio igualitario está contenido en el Plan Nacional de DD.HH. que hoy fue ingresado a Contraloría para su toma de razón.
El Ministerio de Justicia sostiene que con haberse presentado el proyecto de ley el compromiso está cumplido y que promoverlo no es parte de su programa de gobierno. Las primera parte de la argumentación puede discutirse, pero las segunda no es aceptable, porque el compromiso no lo contrajo la administración anterior y el Movilh, sino el Estado chileno y eso trasciende cualquier gobierno.
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La discusión que subyace es si el matrimonio es un derecho humano. Unos sostiene que sí y para todos, y otros creen que sí, pero que cada país puede definir matrimonio como estime pertinente.
Frente a esta controversia, es de una lucidez notable la sentencia de la Corte Suprema de EE.UU. que en 2015 dijo: “Sería malinterpretar a estos hombres y mujeres decir que faltan el respeto a la idea de matrimonio. Su alegato es que lo respetan, lo respetan tan profundamente que buscan su realización por sí mismo. Su esperanza es no ser condenados a vivir en la soledad, excluidos de una de las instituciones más antiguas de la civilización. Ellos piden ser tratados con igual dignidad ante la ley. Y la Constitución les asegura ese derecho”
Sólo puedo agregar: para las parejas homosexuales ni un derecho más que para las heterosexuales, pero ni uno menos tampoco.
Ante la sobrecarga laboral en el Ministerio Público, donde, por ejemplo, han aumentado las causas por crimen organizado, a la fiscal Patricia Ibarra comentó en CNN Chile Radio que la proyección actual supera a la que se había establecido en la reforma procesal penal de hace 20 años.
