En una sesión extraordinaria del Consejo Regional Metropolitano realizada este jueves, el gobernador Claudio Orrego abordó directamente las crecientes críticas en torno a la millonaria asignación de recursos a la Fundación ProCultura, en el marco de un programa destinado a la prevención del suicidio.
La autoridad aseguró que la Gobernación fue estafada, presumiblemente por la organización, en el marco de una serie de actividades que se desarrollaron solo en sus etapas iniciales.
La controversia ha escalado hasta provocar una querella presentada por Chile Vamos, que acusa fraude al Fisco, malversación de caudales públicos, negociación incompatible y tráfico de influencias.
¿Qué dijo Claudo Orrego?
Orrego aseguró que tanto él como su equipo desconocían que Alberto Larraín, exdirector de ProCultura, recibiera honorarios con cargo al programa financiado por el Gobierno Regional Metropolitano.
“Eso no solamente nunca lo supimos, sino que en todas las rendiciones se decía exactamente lo contrario”, sostuvo ante los consejeros.
También se refirió a las sospechas sobre supuestas gestiones para contratar a Gabriel Prado, otra figura vinculada al caso, y fue tajante: “Quiero reiterar que yo no conozco a esta persona. Él mismo ha dicho lo mismo en su declaración. Por lo tanto, mal pude haber pedido o exigido que se le contratara”.
Sobre el uso de los recursos públicos, Orrego desmintió que se hayan “perdido” $1.600 millones, como han planteado algunos sectores, según recogió Radio Biobío.
“Al menos $600 millones se ejecutaron, actividad por actividad. Por supuesto, nos parece gravísimo que se hayan desviado otros fondos del gobierno regional”, afirmó.
En su intervención, el gobernador enfatizó que las actividades contempladas en el proyecto efectivamente se realizaron en su etapa inicial, y que existen registros que respaldan su ejecución.
“Mientras duró el proyecto, las actividades comprendidas se llevaron a cabo en el componente uno”, explicó.
En esa línea, enfatizó en que “fuimos estafados. Yo no conozco ninguna institución pública o privada, ni ninguna persona natural que pueda asegurar ante la opinión pública que nunca va a ser estafada. Esa certeza no existe, ni en el ámbito público ni en el privado”.
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