Este martes, el abogado Gonzalo Rodríguez, quien asumió la defensa del ex comandante en Jefe del Ejército, Humberto Oviedo (R), presentó un recurso de amparo ante la Corte Marcial de Santiago luego de que la ministra en visita, Romy Rutherford, ordenara su prisión preventiva el pasado 25 de junio.
Oviedo es sindicado como autor del delito reiterado de malversación de caudales públicos, y en el texto, el abogado califica la decisión como “ilegal y arbitraria”, debido a que asegura que con ella contravino un dictamen del Tribunal Constitucional, que accedía a la siguiente petición:
“De conformidad con lo que dispone el artículo 32 de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional, dada la inminente posibilidad que se verifique el procesamiento de mi representado, y a fin de no hacer ilusoria la pretensión de inaplicabilidad en esa gestión, solicito a S.S.E decretar la suspensión del procedimiento penal en causa Rol N° 575-2014, instruida por S.S.I Romy Grace Rutherford Parentti, en calidad de Ministra en Visita Extraordinaria de la Corte Marcial“.
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De este modo, Rodríguez afirma que el órgano judicial accedió a su solicitud de suspender el procedimiento penal, y agrega que “no existe constancia de que el Excmo. Tribunal Constitucional haya levantado dicha suspensión, o modificado o restringido el alcance de la resolución que la concede”.
“Tampoco que alguno de los intervinientes, particularmente el Consejo de Defensa del Estado, haya pedido levantar, suspender, modificar o restringir dicha cautelar de suspensión, habiendo todos sido notificados legalmente y pudiendo hacerlo”, agrega.
El documento también señala que la ministra Romy Rutherford “carece absolutamente de competencia para seguir instruyendo la causa Rol 575-2014 en contra de mi representado, por encontrarse suspendida su jurisdicción al respecto por orden firma del Excmo. Tribunal Constitucional”.
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En total son dos los ex comandantes en Jefe del Ejército quienes se encuentran detenidos por el fraude al interior del Ejército: los generales en retiro Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo.
En el caso del primero, se habla de una malversación de $ 3.500 millones, mientras que en el caso del segundo, esa cifra ascendería a $4.500 millones.
En ambos casos, los recursos se habrían desviado a través de la Ley de Gastos Reservados, y se habrían utilizado en gastos personales como viajes, sobresueldos generosos a sus cercanos, mesadas a ex comandantes, y otros lujos como chocolates y lápices de determinadas marcas.
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