Dos ex comandantes en Jefe del Ejército (Cheyre e Izurieta) visitan a dos ex comandantes en Jefe (Fuente-Alba y Oviedo) presos por la indagatoria por corrupción de la ministra Romy Rutherford. ¿No tienen, como cualquier ciudadano, derecho a visitar a quien les plazca? No, no al menos en cualquier forma y circunstancia.
Por una parte, se extraña una declaración sobre lo grave que es lo que se investiga, separando por último una solidaridad humana de la condena a todo eventual hecho de corrupción. Por otra, hay un obstáculo insalvable, que hace del todo inapropiada esta visita: Cheyre e Izurieta han sido mencionados en la investigación como ex jefes del Ejército que habrían recibido una especie de “mesada” proveniente de los gastos reservados que sólo pueden destinarse a temas de seguridad nacional e inteligencia.
No son ciudadanos cualquiera. Y sí podemos a lo menos preguntarnos si aparte de la evidente imprudencia y de la laxa señal que se da sobre la corrupción, no hubo también coordinación de estrategias judiciales.
La presunción de inocencia existe, pero lo que la ministra Rutherford relata en el procesamiento es grave. Sobre Oviedo habla de una malversación de $4.500 millones. Dice que Oviedo como comandante en Jefe destinaba 6$ millones mensuales de gastos reservados a uso personal, generosos sobresueldos a sus cercanos, las mesadas a los ex comandantes en Jefe, $150 mil a la semana en chocolates, %8 millones en lápices Mont Blanc para los generales.
Hay una responsabilidad penal que indagar, sí. Pero está la falta ética de quienes se habrían beneficiado y también una extraña ceguera de las autoridades civiles de antaño, frente a cuyas narices se defraudó al Estado con un lujoso estilo de vida que resulta raro que nadie advirtiera. ¿Nadie supo nada, nadie vio nada? Difícil de creer.
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