En los últimos dos años, más de 1,7 millones de personas han migrado desde las isapres a Fonasa, llevando al seguro público a concentrar al 83% de la población chilena.
El problema es que este crecimiento llega a un sistema que ya mostraba señales de saturación: listas de espera en aumento, demoras para acceder a especialistas y una atención cada vez más impersonal.
Según datos de la Superintendencia de Salud de 2023, faltan al menos 4.900 médicos especialistas en Chile, y el 60% de los que existen trabaja en el sector privado, mientras el sistema público concentra la mayoría de los pacientes.
“Esto genera una brecha insalvable si no se actúa con urgencia”, señaló Pilar Lamana, socia directora de GOTOMARKET, consultora en estrategia y liderazgo organizacional.
Para Lamana y Paola Meneghini, también socia de la firma, hay dos medidas prioritarias para enfrentar el riesgo de colapso: primero, rediseñar los incentivos para que más especialistas se integren al sistema público; segundo, habilitar mecanismos que permitan a los beneficiarios de Fonasa atenderse en el sector privado con condiciones similares a las del sistema estatal.
“Es imposible que un sistema funcione si el volumen está en el sector público, pero la capacidad está en manos del privado”, advirtió Meneghini, agregando que la falta de información y acompañamiento a los pacientes agrava la situación. De hecho, un 30% de los usuarios GES no utilizó su beneficio, y un 15% no sabía que su patología estaba cubierta por AUGE.
Ambas expertas coincidieron en que la clave está en una reforma que combine mejoras en la oferta de especialistas con un acceso más flexible a la infraestructura privada, para evitar que la creciente presión sobre Fonasa termine traduciéndose en una atención deficiente y en mayores desigualdades.
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