El fiscal regional (s) de Atacama, Christian González Carriel, anunció esta jornada el inicio de una investigación tras la denuncia de posibles delitos en el convenio por $128 millones firmado entre la Fundación Comprometidos y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.
El persecutor explicó que la investigación se inicia luego que diversos medios de comunicación revelaran información sobre el convenio entre ambas entidades, que tenía por objetivo entregar agua potable a cuatro campamentos en los sectores de Paipote y Villa El Cerro II de Copiapó, a través de un plan “piloto de gobernanza en habitabilidad primaria”.
“Hemos recibido una denuncia de la diputada señora Sofía Cid, para que se investiguen los hechos que han sido conocidos públicamente a través de distintas entidades de prensa y televisión. Involucrarían a algunas reparticiones públicas con corporaciones de derecho privado y los convenios suscritos”, aseguró el fiscal González.
También explicó que la denuncia no se interpuso contra una persona o entidad específica, “sino que para que se investigue los hechos”.
“Nuestra obligación constitucional y legal es iniciar una investigación, para determinar si en estos hechos hubo o no delitos y en el evento de haber delito, si hay o no responsable de los mismos”, detalló el persecutor.
Cabe mencionar que según lo publicado por la prensa, Fundación Comprometidos cambió de giro para realizar las tareas de dicho acuerdo, pasando de hacer películas y ofrecer servicios de veterinaria a repartir agua en camiones aljibes.
Posteriormente el monto total del convenio aumentó a $190 millones en mayo de este año.
En esa línea, la diputada Cid (RN) sostuvo que la situación “es a lo menos cuestionable que entidades vengan a Atacama, logren estos convenios millonarios y después cambien giros ante Impuestos Internos como para cuidar las apariencias”.
“No puede ser que fundaciones que no conocen a Atacama, no conocen a nuestra gente y tampoco sus necesidades, reciban estos recursos sin mayores controles”.
Esta es la cuarta investigación que abre el Ministerio Público por temas relacionados con convenios firmados entre fundaciones y el Minvu.
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