El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a la investigación de oficio por la eventual comisión de delitos en el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana bajo la figura de reunificación familiar durante el año pasado.
Cabe mencionar que la investigación está a cargo del fiscal regional Metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir.
“La investigación tendrá que determinar cuáles son los hechos ocurridos, cuántas personas se verían afectadas y, tal como hemos señalado en otras oportunidades, si se han cometido o no delitos y, en caso de que ello haya ocurrido, quiénes son sus autores”, enfatizó Valencia.
Respecto de los dichos del director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, quien afirmó en La Segunda que en 2023 se realizó una denuncia por trata y tráfico ante la Fiscalía Metropolitana Norte y que durante 2024 y 2025 se continuó entregando antecedentes, señaló que “entiendo que se está investigando a agencias de viajes y líneas aéreas y que se avanzó mucho en 2025”.
En ese contexto, Valencia sostuvo que “si no me equivoco, es una causa que se inicia en 2024, pero creo que eso no es lo relevante. Según me ha explicado el fiscal regional Jacir, no son exactamente los mismos hechos, sino hechos similares”. Asimismo, agregó que, ante estos antecedentes, es razonable que sea el mismo equipo el encargado de recopilar y analizar las distintas indagatorias.
Por su parte, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig), encabezado actualmente por Frank Sauerbaum, presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte por un eventual delito de tráfico de menores relacionado con vuelos chárter provenientes de Haití que llegaron a Chile entre enero y octubre de 2025.
Según explicó el organismo, la denuncia se realizó a partir de fiscalizaciones efectuadas de manera conjunta por el Servicio Nacional de Migraciones, la Contraloría General de la República y la Policía de Investigaciones (PDI).
Durante estas diligencias, los organismos detectaron que al menos 12 adultos, tanto extranjeros como chilenos, ingresaron reiteradamente al país como supuestos responsables de grupos de entre dos y 18 niños, niñas y adolescentes haitianos.
De acuerdo con el informe preliminar de la Contraloría, los adultos acompañantes no mantenían vínculos familiares ni de consanguinidad con los menores que ingresaban al territorio nacional.
Además, la investigación preliminar reveló que estas personas no contaban con las autorizaciones legales exigidas por el artículo 28 de la Ley N.º 21.325 de Migración y Extranjería para el traslado e ingreso de niños, niñas y adolescentes.
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