Contraloría detectó que 36 funcionarios de Carabineros mantenían simultáneamente dos contratos de 22 horas semanales cada uno para realizar las mismas funciones, pese a que la normativa y jurisprudencia vigente permiten una contratación adicional solo cuando se trata de labores distintas.
El hallazgo corresponde a una auditoría realizada a la Dirección Nacional de Personal de Carabineros, que revisó durante 2024 el cumplimiento de las jornadas laborales de los oficiales de justicia y de los funcionarios contratados adicionalmente mediante resolución para desempeñar funciones transitorias, bajo la modalidad conocida como CPR.
Según el informe, durante 2024 había 144 abogados que se desempeñaban como oficiales de justicia, quienes recibieron remuneraciones que en conjunto superaron los $5.540 millones. De ese grupo, 36 contaban además con un segundo contrato CPR por otras 22 horas semanales, por el que percibieron en total más de $1.944 millones.
El organismo contralor verificó que estos funcionarios desarrollaban las mismas tareas en ambos contratos. Esto, pese a que la normativa permite una contratación adicional únicamente cuando se trata de funciones distintas, recordando en ese sentido lo establecido en su dictamen N°13.912 de 2017.
Falta de control horario
La auditoría también detectó dificultades para acreditar el cumplimiento efectivo de las jornadas laborales. Durante las inspecciones realizadas en terreno, la Contraloría constató que 23 de los 36 funcionarios revisados no contaban con registros de asistencia o sistemas de control horario.
Según el organismo fiscalizador, esta situación “impidió comprobar si efectivamente cumplían las jornadas laborales por las que estaban siendo remunerados“. Asimismo, la Contraloría sostuvo que esta falta de registros “dificulta garantizar un adecuado control de los recursos públicos y del cumplimiento de las obligaciones funcionarias”.
Por ello, Carabineros deberá ajustar las designaciones y prórrogas de los funcionarios CPR que además sean oficiales de justicia, de manera que las labores que realicen bajo el contrato adicional no correspondan a aquellas que deben cumplir durante su jornada como oficiales de justicia.
El ente contralor también señaló que, si las 22 horas establecidas para estos funcionarios no resultan suficientes para atender las necesidades del servicio, corresponde que el General Director de Carabineros actualice la normativa respectiva con el número de horas necesarias.
Trabajos particulares y pagos en exceso
La investigación también reveló que 5 de los 36 funcionarios que mantenían ambos contratos emitieron boletas de honorarios a particulares por más de $43 millones durante 2024. Además, de los 144 oficiales de justicia, 23 emitieron boletas de honorarios por más de $434 millones en total, realizando actividades remuneradas ajenas a Carabineros.
La Contraloría precisó que contar con trabajos adicionales no constituye necesariamente una infracción. Sin embargo, la “falta de registros de asistencia impide determinar con certeza si esas actividades fueron desarrolladas fuera del horario que debían cumplir como funcionarios públicos”.
Finalmente, el informe detectó pagos en exceso a dos funcionarios, por montos de $9.048.041 y $881.527, respectivamente. Debido a ello, la Contraloría presentará las acciones correspondientes ante el Juzgado de Cuentas para obtener la restitución de esos recursos mediante un reparo. Asimismo, Carabineros deberá informar a la Contraloría los resultados de la investigación disciplinaria que inició para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados.
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