El jefe de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Xavier Armendáriz, respondió a la Corte Suprema luego de la argumentación enviada por el ministro de Salud, Enrique Paris, respecto a la negativa del Minsal a entregar acceso a los correos, y afirmó que acoger la solicitud de la cartera sería un precedente “funesto”.
En el informe de Paris, el ministro argumentaba que entregar acceso a los mails del ex ministro Jaime Mañalich, de su ex jefa de gabinete, Itziar Linazasoro, y de la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, significaría comprometer la seguridad nacional y acusaba que resulta de un alcance excesivo. Además, planteaba que la investigación de la Fiscalía “entorpece” la labor del ministerio ante la pandemia.
En su respuesta, Armendáriz sostiene que el argumento de que la información recabada podría exceder el marco de la investigación, “puede darse en cualquier diligencia de entrada, registro e incautación”, sin embargo, defendió que “no puede quedar al arbitrio del requerido qué información se entrega”.
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Según el fiscal, “acoger tal postura pondría en evidente peligro la eficacia de toda indagación criminal y constituiría un precedente funesto, pues huelga señalar que la selección de la evidencia relevante debe quedar a cargo del órgano investigador o, en su caso, caer dentro de la esfera de competencia del juez de garantía”.
Además, Armendáriz reclama que Paris no cumple con lo ordenado por la Suprema en relación a explicar en qué se afectaría la seguridad nacional con la entrega de información: “el único fundamento esgrimido, en buenas cuentas, sería la necesidad de mantener en secreto el despliegue policial y militar para las labores de control de desplazamiento de la población”, en lo cual el Minsal no tiene “ninguna indicencia directa”.
Frente al argumento de la autoridad respecto a que acceder a la solicitud podría implicar revelar datos sensibles de pacientes, el persecutor responde que la Ley de Deberes y Derechos del Paciente autoriza al Ministerio Público a acceder a ellos.
Por otro lado, y aludiendo al informe que enviaron los abogados del presidente Sebastián Piñera y del ex ministro Mañalich, destaca que “la oposición de los imputados en la causa base, en esta sede, es totalmente improcedente. Lo anterior por la más elemental de las razones jurídicas: no son titulares del bien jurídico en discusión”.
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