El fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, reveló que tenía previsto formalizar a 14 personas vinculadas al caso ProCultura, antes de ser removido de la investigación por decisión del fiscal nacional, Ángel Valencia.
Cooper se refirió a la causa en Radio Duna, dos meses después de que el fiscal Valencia, resolviera reasignarla al persecutor Juan Castro Bekios. La decisión se adoptó tras la controversia generada por las escuchas telefónicas a la psiquiatra Josefina Huneeus, las cuales fueron declaradas ilegales por la Corte de Apelaciones de Antofagasta y cuya decisión fue ratificada posteriormente por la Corte Suprema.
“Se había tomado la decisión de que íbamos a solicitar la formalización de 14 personas de la cúpula de ProCultura”, afirmó Cooper.
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Antecedentes del caso
El 16 de mayo, el Ministerio Público informó que Valencia reasignó el denominado caso ProCultura a la Fiscalía Regional de Antofagasta, “atendida su complejidad y gravedad, y con el objetivo de asegurar su continuidad, objetividad y el adecuado desarrollo de las diligencias en curso”.
En paralelo, el fiscal Cooper fue instruido a entregar un informe sobre los puntos observados por la Corte de Apelaciones de Antofagasta, que acogió un recurso de amparo presentado por la defensa de Huneeus y declaró ilegales diversas diligencias intrusivas en la investigación.
La acción legal se centró en la interceptación telefónica a Huneeus, expareja de Alberto Larraín, director de ProCultura, y en las posteriores renovaciones de esta medida, autorizadas por el Juzgado de Garantía de Antofagasta el 16 de octubre de 2024, el 6 de diciembre del mismo año y el 10 de febrero de 2025.
Fue en ese contexto que Cooper, junto a su equipo, solicitó al tribunal autorización para interceptar las comunicaciones de Huneeus. La Policía de Investigaciones (PDI) ejecutó la medida, lo que permitió conocer una conversación entre la psiquiatra y el Presidente Gabriel Boric.
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