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En medio de la polémica por la licitación del litio, la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC) manifestó públicamente su rechazo a la iniciativa. En octubre, el gobierno de Sebastián Piñera anunció que buscan producir 400 mil toneladas de litio metálico, dividido en cinco cuotas individuales de 80 mil toneladas. Las ofertas de licitación fueron recibidas hasta el 17 de diciembre y los resultados se darán a conocer el 14 de enero de 2022.

Chile es un actor relevante en la producción de litio a nivel mundial, con importantes ventajas competitivas generadas por sus bajos costos de producción en las salmueras, en comparación al resto de las operaciones en otros países”, señaló la FTC, recalcando que “por lo tanto, el Estado puede y debe hacerse cargo de la explotación y comercialización de este recurso natural estratégico, explotando sus propias pertenencias y los mejores depósitos de este mineral que se encuentran actualmente en propiedad del mismo”.

“De manera errónea”, continuaron, “el gobierno de Piñera insiste en dar urgencia antes de terminar su nefasto mandato, y en entregar su explotación al sector privado y a las transnacionales, a través de Contratos Especiales”.

En esa línea, la federación hizo un llamado a “crear una Corporación Nacional del Litio“, agregando que, por otra parte, “la Corporación del Cobre (Codelco), como empresa del Estado, está plenamente habilitada para explotar un recurso mineral no concesible, dispone de pertenencias en los Salares de Pedernales y Maricunga y su ley orgánica establece un giro amplio en materia minera”.

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“La nacionalización del cobre que ha dado origen a Codelco, ha permitido aportar 140.000 millones de dólares de excedentes al Fisco”, destacó, “por lo que está demostrado que una empresa del Estado eficientesustentable y competitiva, es la mejor alternativa para rescatar el 100% de la renta minera en beneficio del país“.

Por eso, afirmó, “el Estado debe controlar la explotación del Litio en Chile, así como generar valor agregado a este recurso natural, promoviendo y reforzando una estrategia a mediano plazo para instalar en la sociedad chilena la necesidad de industrializar nuestro país, junto con terminar de inmediato con los contratos de arriendo a empresas que desde la dictadura militar y durante décadas, han gozado de utilidades extraordinarias”.

“En definitiva”, culminó, “el gobierno encabezado por Gabriel Boric es quien debe definir políticas de Estado, en coherencia con los objetivos trazados por la Convención Constituyente, orientados a obtener el máximo beneficio de la explotación de este recurso natural estratégico, en favor de las actuales y futuras generaciones de compatriotas”.

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