El quiebre entre Carabineros y la Fiscalía por la “Operación Huracán” pone en tela de juicio la rigurosidad en los métodos de obstención de información cuando se hace uso de la Ley de Inteligencia.
Si a esta acusación se suma el fraude en la institución, algunos expertos han catalogado este conflicto como gravísimo, ya que de comprobarse que las pruebas del la “Operación Huracán” son falsas e intervenidas, esto podría dar cuenta de una cultura institucional problemática.
“En otros países esto ha causado una completa corrupción del sistema de justicia penal”, señaló el académico de Derecho de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego.
Asimismo, la acusación hecha por el fiscal de Alta Complejidad de la Araucanía, Luis Arroyo, podría dar paso a que se cuestionen otras investigaciones similares a la Operación Huracán que hayan sido apoyadas por funcionarios de la Dirección de Inteligencia Policial.
En base a eso, expertos aconsejan delimitar los roles de cada organismo, y en esa línea, el vocero de la asociación de Magistrados, Eduardo Gallardo, señaló que “la primera lección que tenemos que extraer es primero entender el rol que tiene que cumplir cada actor en el sistema. Los fiscales investigan, los policías ejecutan la investigación del Ministerio Público por instrucciones y órdenes del fiscal y los tribunales tienen que decidir y resolver las peticiones del Ministerio Público imparcialmente”.
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