Danitza Araya, exoficial de la Policía de Investigaciones (PDI) -y quien se retiró de la institución policial luego de un procedimiento en el que quedó parapléjica– recurrió ante la justicia por un presunto incumplimiento en el marco de su retiro institucional.
Según la información de La Tercera, Araya presentó un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago, asegurando que el Ministerio de Seguridad Pública habría omitido aplicar un beneficio legal cuando fijó el grado con el que se produjo su retiro.
El operativo que dio origen a su situación se produjo en octubre de 2019, cuando fue atropellada y baleada en un procedimiento institucional.
En este contexto, en octubre de 2025, el Ministerio de Seguridad Pública emitió el Decreto Exento N° 22. En dicho documento, se consignó su ascenso a subcomisaria y, posteriormente, su retiro por una invalidez del 60% en su cuerpo.
Sin embargo, en la acción judicial se indica que la resolución no aplicó el artículo 129 del DFL N° 1, que permite computar 30 años de servicio a funcionarios que quedan en situación de discapacidad ejerciendo sus funciones.
Con esta consideración, sostiene que debió ser ascendida a grado 5 del escalafón y no a grado 9, como habría ocurrido en definitiva.
Por todo lo anteiror, el recurso de protección apunta a que el Ministerio de Seguridad Pública no habría considerado una resolución del director de la PDI donde sí se habría reconocido que la exfuncionaria cumplía con los requisitos para tener dicho grado.
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