Los resultados del estudio “Acceso a la justicia de personas LGTBI+”, realizado por el Centro de Estudios de la Justicia (CEJ) de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, plantean varios desafíos al sistema de justicia en general.
La ministra encargada de asuntos de género y no discriminación de la Corte Suprema, Andrea Muñoz, encabezó la presentación de las conclusiones del informe encargado por la Secretaría Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Poder Judicial, que contó con la participación de 800 personas.
El objetivo principal de este estudio es identificar las brechas, inequidades y barreras en el acceso a la justicia de las personas LGBTQIA+ en Chile, con especial enfoque en el ámbito del Poder Judicial.
Entre los principales resultados del estudio, se encuentran:
- El régimen de Chile de igualdad y no discriminación es más débil que lo observado en los demás países de estudio.
- En los organismos estatales en general se tiende a una comprensión binaria del género y el conocimiento sobre las identidades contenidas en el acrónimo LGBTQIA+ depende de la persona entrevistada.
- Se observan algunas barreras de acceso a la justicia vinculadas principalmente a la invisibilidad de los fenómenos de discriminación y al no reconocimiento de la especificidad de las experiencias del colectivo y de su ethos relacionado.
- En ocasiones, existen algunas situaciones de discriminación, reconocidas por las personas usuarias, sus organizaciones y/o quienes les han prestado asesoría legal: existe una exposición exagerada de la privacidad o una invisibilización total de la diferencia; el trato es en virtud de la apariencia y el trato está perneado por otros marcadores sociales como la clase social o el nivel socioeconómico.
“Tenemos que reforzar la capacitación, porque se sigue percibiendo una ausencia de perspectiva de género en las instituciones estatales para tratar las denuncias con personas LGBTI+, donde siguen ocurriendo situaciones de revictimización”, dijo Muñoz.
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“Tenemos que avanzar en el sentido de asumir que la igualdad que más nos importa es la real o sustantiva, aquella en donde las personas pueden ejercer plenamente sus derechos y tienen capacidad de hacerlos efectivos en la vida cotidiana”, agregó.
Asimismo, señaló que “es realmente urgente que el Poder Judicial, y las demás instituciones públicas mejoren sus sistemas de registro estadístico, pues, si no tenemos información completa de las personas a quienes atendemos, nos cuesta más focalizar la atención en personas que pertenezcan a grupos vulnerables”.
La ministra recalcó que este trabajo permite “reflejar el compromiso claro e inclaudicable del Poder Judicial para avanzar hacia un modelo de justicia cada vez más inclusivo y respetuoso de la diversidad, consistente con los compromisos internacionales de DD.HH. suscritos por nuestro país”.
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