Estudio acusa bajo acceso al aborto en tres causales

Casi el 50% de los médicos obstetras pertenecientes al sistema público de salud se declaró objetor de conciencia en, al menos, una causal de la ley de aborto. Esto se traduciría en que una gran cantidad de hospitales del país tengan hoy un acceso mínimo o nulo a la prestación, según un estudio de Corporación Humanas.

La objeción de conciencia es la expresión de voluntad por la que un médico puede no realizar un acto permitido por ley, porque se basa en sus principios morales, éticos o religiosos. Pero en la práctica, el impacto de la objeción de conciencia en la ley de la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, no sólo hablaría de excepciones. De los mil ciento cuarenta médicos obstetras contratados en el sistema público, un 20% se declaró objetor ante la causal de riesgo de vida, un 27% en la de inviabilidad fetal y, un 47% en casos de violación.

En resumen, uno de cada dos médicos no está dispuesto a realizar un aborto.

Cifras que, según un estudio de la Corporación Humanas, revelan bajos índices de acceso a la ley. En las dos primeras causales, la accesibilidad alta o total sería de más del 50%, pero en el caso de violación, disminuyen los recintos sin objetores y aumentan los indicadores de acceso mínimo o nulo.

El secretario general de Colmed, José Miguel Bernucci, sostiene que “no es una prestación de extrema urgencia, por lo tanto, con que haya disponible un profesional en cada recinto es suficiente para poder dar la prestación que se requiere”.

La presidenta del Colegio de Matronas, Anita Román, señala que “la verdad es que se ha resuelto bien, en cada uno de los servicios del país se han constituido equipos de médicos no objetores”.

Y aunque en sus respectivos servicios de salud no existiría problemas para derivar, tanto en el hospital de Vallenar, como en el Intercultural de Nueva Imperial, todos los obstetra contratados se acogieron a la objeción en las tres causales.

En cuanto a los objetores institucionales, sólo seis centros habrían sido reconocidos hasta ahora, tres de ellos pertenecientes a la Universidad de los Andes, por las tres causales; y los otros tres, de la red de clínica Indisa solo por la causal de violación.