Empresario acusado de estafa a personas con discapacidad por casi $300 millones: Formalizarán a dueño de automotora por no entregar vehículos adaptados

Una investigación por presuntas estafas reiteradas que bordearían los $300 millones enfrenta Automotora HDR, importadora de vehículos que operaba con oficinas comerciales en el centro de Concepción.

La causa reúne 32 denuncias y apunta a pagos realizados por clientes que no habrían recibido los automóviles comprometidos ni recuperado el dinero.

Según informó Diario Financiero, la investigación está a cargo de la Fiscalía Local de Concepción, en coordinación con la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la Policía de Investigaciones (PDI). El propietario y representante legal de la empresa, Reinaldo Lara, será formalizado el próximo 17 de noviembre por el delito de estafa reiterada.

De acuerdo con las pesquisas citadas por el medio, Automotora HDR ofrecía la importación directa de vehículos desde Corea del Sur mediante las franquicias tributarias de la Ley N° 20.422, que contempla beneficios arancelarios para personas con discapacidad en la internación de vehículos. Los clientes realizaron pagos en efectivo y transferencias bancarias de entre $10 millones y $14 millones por unidad.

Los plazos de entrega se fijaban inicialmente en tres meses, pero en algunos casos habrían superado el año sin que los vehículos llegaran ni fueran restituidos los fondos. Las primeras denuncias fueron presentadas a comienzos de 2025 ante la dirección regional del Servicio Nacional de la Discapacidad (Senadis) y el Sernac, mientras las familias afectadas posteriormente recurrieron a acciones judiciales.

La parte querellante adelantó que en la audiencia de formalización solicitará la prisión preventiva de Lara.

El empresario y su defensa, encabezada por el abogado Alejandro Elgueta, descartaron en noviembre de 2025 la existencia de una estafa premeditada y atribuyeron los retrasos a modificaciones en normativas aduaneras. Lara sostuvo entonces que la judicialización y exposición pública de los reclamos afectaron la liquidez de la empresa y su capacidad para concretar las importaciones pendientes o devolver los recursos.