La Corte de Apelaciones de Talca acogió a trámite recientemente un recurso de protección presentado en contra de la Tesorería General de la República y ordenó la suspensión de un embargo vinculado a una deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE).
La acción fue interpuesta por un deudor domiciliado en Curicó, quien cuestiona la dictación de un embargo en su contra como una “medida ilegal y arbitraria” que no toma en consideración su situación económica actual.
En su resolución el organismo judicial además concedió la orden de no innovar solicitada por el deudor, que es lo que finalmente frena el cobro mientras se analiza el fondo del caso.
Junto con ello, la Corte pidió a la Tesorería elaborar un informe en un plazo de ocho días, remitiendo todos los antecedentes disponibles sobre el proceso de cobro.
La situación económica del solicitante
Según expone el recurso, el afectado percibe un ingreso líquido mensual de $1.600.000, del cual ya destina más de la mitad a obligaciones como pensión de alimentos y dividendo habitacional, además de mantener a dos hijos como carga familiar.
En ese contexto, sostiene que la medida de embargo resulta desproporcionada y amenaza su estabilidad económica y la de su grupo familiar, al comprometer su capacidad de subsistencia.
La acción también invoca la eventual vulneración de garantías constitucionales, entre ellas la igualdad ante la ley, el derecho a un procedimiento racional y justo y el derecho de propiedad.
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