Dos ciudadanos haitianos quedaron en prisión preventiva tras ser formalizados en una investigación por tráfico ilícito de migrantes, asociación criminal y lavado de activos.
La causa es indagada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte junto a la Policía de Investigaciones (PDI).
De acuerdo con los antecedentes expuestos en la investigación, los imputados habrían integrado una estructura dedicada a facilitar el ingreso irregular de personas desde Haití hacia Chile.
El caso incluye el traslado de menores de edad y el cobro de altas sumas de dinero a sus familias.
La pesquisa apunta a que la organización habría operado desde 2024 mediante agencias de viajes que ofrecían servicios vinculados a trámites migratorios y reunificación familiar.
Los viajes comenzaban en Haití, seguían hacia República Dominicana y luego continuaban hacia Chile.
El Ministerio Público sostiene que los imputados habrían cobrado cerca de $3 millones por cada viaje. La investigación estima que, a través de esas operaciones, la red habría obtenido ingresos cercanos a los $800 millones.
Parte de las diligencias busca determinar cómo se gestionaban esos recursos y si las agencias investigadas fueron utilizadas para ocultar o blanquear ganancias.
Las detenciones se realizaron durante allanamientos de la PDI en dos agencias de viajes: MundoPam y Agencia Cananeen.
La primera fue constituida en octubre de 2024 por Ezechiel Rome, mientras que la segunda fue creada en julio de ese mismo año y figura vinculada a Jean Chery Dormeus.
Investigación y medidas cautelares
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva de ambos imputados, mientras avanza la investigación. La causa es encabezada por el fiscal regional metropolitano Centro Norte, Francisco Jacir, y por la fiscal Carolina Suazo.
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó el caso este lunes y señaló que los detenidos son investigados por una “acción criminal para el tráfico ilícito de migrantes y lavado de activos”.
El secretario de Estado agregó que la causa indaga el cobro de altas sumas de dinero para facilitar el ingreso de niños desde Haití.
Arrau también vinculó el procedimiento con el trabajo policial en la frontera norte, aunque la investigación sobre estos dos imputados fue formalizada en Santiago.
Según el ministro, el caso forma parte de las acciones recientes del Gobierno y las policías contra organizaciones dedicadas al tráfico de migrantes.
Uno de los puntos relevantes es que esta causa no corresponde al informe de Contraloría sobre irregularidades en procesos de reunificación familiar de menores haitianos.
Los hechos investigados en esta formalización son distintos a los revisados por el órgano fiscalizador, que se concentró en ingresos ocurridos entre enero y abril de 2025.
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