Durante la transmisión de Marca Registrada de CNN Chile, se reveló en exclusiva un documento reservado que data del año 2003 en que la Conferencia Episcopal defendía no entregar información sobre posibles delitos a la justicia civil.
“Ninguna autoridad civil tiene derecho a conocer, requerir, ningún documento, declaraciones, o sentencias que consten en tal proceso canónico”, dice el texto leído por Mónica Rincón.
“Ninguna autoridad civil tiene derecho a conocer, requerir, ningún documento, declaraciones, sentencias que consten en proceso canónico” En documento privado Conferencia Episcopal 2003 defendía no entregar información de posibles delitos a Justicia Civil Te lo contamos en #MRCNN pic.twitter.com/pYTJtCINSj
— Mónica Rincón González (@tv_monica) March 29, 2019
Lo anterior en el escenario que enfrenta la Iglesia Católica, en que sus principales autoridades han debido declarar ante la justicia por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales al interior de la institución, entre ellos el cardenal Francisco Javier Errázuriz.
Este documento además evidencia como una “media verdad” las recientes declaraciones del cardenal Ricardo Ezzati, también imputado por el mismo delito, quien en distintas entrevistas ha asegurado que el fiscal Emiliano Arias nunca le solicitó documentos para las investigaciones.
También es conocido que la justicia solicitó a monseñor Alejandro Goic la información relacionada con menores abusados y se le dijo que el Vaticano había sostenido que eran secretos, basándose precisamente en el documento anterior.
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Y en conversación con el programa 360°, Arias, el persecutor que lidera la causa contra la Iglesia, confirmó que efectivamente “esa es la respuesta que a nosotros siempre se nos dio, que estos antecedentes estaban bajo el secreto pontificio”.
“Los delitos de acción penal publica tienen que ser conocidos por la Fiscalía (…) Para efectos del Estado de Derecho, el delito de abuso sexual hacia menores es tan grave como un homicidio“, señaló.
Arias agregó que la actitud cambió sólo en 2018, y se comenzaron a informar a la justicia civil de los casos que llegaban a la oficina de denuncias, luego de que el Ministerio Público realizara allanamientos e incautaciones a sus dependencias
Por lo mismo, confirmó que podría configurarse una conducta habitual de encubrimiento desde 2003 y 2018, que es la tesis que maneja la Fiscalía, por lo que algunos casos no estarían prescritos y existe al menos la posibilidad de investigar.
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