La Superintendencia de Educación comenzó un sumario en los colegios implicados, los que arriesgan multas de hasta 40 millones de pesos.
Doce profesores fueron inhabilitados de ejercer sus funciones, ya que pese a ser condenados por abusos sexuales, aún trabajaban en centros educacionales municipales y subvencionados, por lo que los ministros de Educación y Justicia entregaron estos antecedentes a la Fiscalía Nacional para que se inicie una investigación.
Luego de un cruce de datos realizado por el Registro Civil, se detectó que existían personas inhabilitadas trabajando en recintos escolares.
Dentro de esta base de pedófilos, siete personas tenían contrato vigente para realizar sus funciones durante este año. Todos ellos fueron desvinculados de los establecimientos.
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