Los diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton y Diego Schalper, ingresaron dos requerimientos a la Contraloría General por irregularidades en pensiones de gracia a víctimas del estallido social y altos sueldos en la Subsecretaría de Seguridad Pública.
En el primer caso, los parlamentarios cuestionan que 58 de los 136 beneficiarios revisados tienen antecedentes penales. Acusan falta de control, con casos sin respaldo documental e incluso con actas de entrega pendientes.
Sobre los sueldos, denunciaron que en la Subsecretaría se pagan más de $105 millones al mes, con funcionarios que superan en remuneración al ministro. El subsecretario Rafael Collado, por ejemplo, recibe más de $10 millones.
También apuntan a contrataciones sin experiencia en seguridad pública y al pago automático de asignaciones sin cumplir requisitos. Piden investigar la idoneidad del personal en áreas clave del ministerio.
Los legisladores recalcaron que se trata de recursos públicos significativos y exigieron que la Contraloría realice auditorías completas e informe los resultados al Congreso para garantizar la transparencia.
“Estamos hablando de cuantiosos recursos fiscales y de un proceso que debe ser revisado en su totalidad para garantizar transparencia y responsabilidad en el uso de los fondos públicos”, concluyeron los legisladores.
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