Un informe de la Contraloría General de la República detectó que la Superintendencia de Salud Pública realizó una compra por 96 mil tarros de leche de fórmula, en vez de los 9 mil necesarios.
Los tarros tenían una fecha de vencimiento próxima, por lo que se echaron a perder pronto, causando sospecha dentro del ente regulador.
La investigación tardó un año, y cuando se hizo pública la Contraloría ordenó que los $422 millones extra gastados tenían que ser devueltos.
Por lo mismo, un grupo de parlamentrarios, encabezado por la diputada independiente, Karla Rubilar, entregó este lunes el informe de Contraloría ante el Ministerio Público para que investigue el caso.
La parlamentaria aseguró que hay “conflictos de interés y que puede haber alguna relación entre los que toman las decisiones en la Subsecretaría de Salud Pública y esta compra estratosférica para beneficiar a un laboratorio”.
Por otra parte, el subsecretario de Salud Pública, Jaime Burrows, reconoció que hubo “una serie de problemas”, argumentando que hubo “un problema en la distribución de las leches”.
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