Los diputados de Renovación Nacional (RN) presentaron un proyecto de reforma constitucional que propone un régimen especial para las interpelaciones a los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional.
En concreto, los parlamentarios Diego Schalper, Eduardo Durán, Daniel Valenzuela y Juan Carlos Beltrán impulsan la iniciativa “Ley de Interpelación Responsable”, tras la reciente interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna, impulsada por la oposición.
¿En qué consiste el proyecto?
Según publicó La Tercera, la iniciativa propone que se requiera un tercio de los diputados para presentar una interpelación. Sin embargo, las preguntas dirigidas a los titulares de Relaciones Exteriores y Defensa Nacional deberán formularse por escrito y ser respondidas por el mismo mecanismo en un plazo de 15 días.
Además, establece que los integrantes de las comisiones de Relaciones Exteriores y Defensa puedan solicitar la comparecencia personal del secretario de Estado con la aprobación de la mayoría absoluta de sus miembros. En caso de que el ministro considere que la sesión pueda afectar la seguridad o el interés nacional, esta podrá realizarse con carácter secreto.
“Lamentablemente, la irresponsabilidad que hemos visto de exponer a un canciller a dar respuestas públicas de materias que comprometen el interés nacional, obligan a considerar mecanismos extraordinarios”, expuso el jefe de bancada de RN, Diego Schalper.
Asimismo, remarcó que la “oposición demostró que a lo mejor se deben considerar resguardos extra”.
Por su parte, Daniel Valenzuela, integrante de la Comisión de Defensa, complementó que los temas de Defensa y seguridad nacional contienen información sensible y estratégica. Por tanto, sostuvo que se requiere abordar estas temáticas en la Cámara de una manera responsable y evitar exponer información que pueda afectar la seguridad, la soberanía o los intereses permanentes del país.
El subjefe de RN, Eduardo Durán, aclaró que el proyecto no pretende eliminar ni debilitar la facultad fiscalizadora de la Cámara.
“Todo lo contrario: mantiene la interpelación y establece un mecanismo concreto para que los ministros respondan las preguntas de los diputados, con plazos y por escrito”, concluyó.
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