Caso Cornell: La cronología de las acusaciones de violación grupal que llevaron a reabrir la investigación

Una denuncia por una presunta violación grupal ocurrida en una fraternidad de la Universidad de Cornell en 2024 volvió a sacudir a una de las instituciones académicas más prestigiosas de Estados Unidos y abrió interrogantes sobre cómo fueron investigadas originalmente las acusaciones.

La mujer, identificada en los documentos judiciales únicamente como Jane Doe para proteger su identidad, presentó el 16 de septiembre de 2026 una demanda civil en la que acusa a siete hombres vinculados a la fraternidad Chi Phi de haberla drogado y agredido sexualmente durante varias horas cuando tenía 20 años.

La acción judicial también apunta contra la Universidad de Cornell, organizaciones vinculadas a la fraternidad y otras partes.

El caso no derivó originalmente en cargos penales. Sin embargo, la aparición y divulgación de nuevos antecedentes provocó que la investigación fuera reabierta y puso bajo escrutinio tanto a la Policía de Cornell como al fiscal de distrito del condado de Tompkins, Matthew Van Houten.

La controversia escaló hasta el gobierno estatal. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, afirmó haber perdido la confianza en la capacidad del fiscal local para conducir la investigación y designó a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial.

Hasta ahora, ninguno de los siete hombres acusados en la demanda civil ha sido imputado penalmente por el caso.

Esta es la cronología de los principales acontecimientos.

Agosto de 2022: Jane Doe llega a Cornell

Jane Doe ingresó a Cornell en agosto de 2022, a los 18 años y a más de 1.600 kilómetros de su hogar, según relata la demanda.

Durante su primer semestre se incorporó al capítulo Alpha Beta de la hermandad Delta Delta Delta, conocida como Tri Delta, atraída, según la acción judicial, por la posibilidad de encontrar una comunidad y establecer vínculos dentro de la universidad.

Posteriormente comenzó a vivir en la residencia de la hermandad.

19 de octubre de 2024: la noche de los hechos denunciados

Según la demanda, antes de las 20:30 horas, Jane Doe consumió vodka en la residencia de su hermandad antes de asistir a una actividad de Tri Delta en un bar de Ithaca, ciudad donde se encuentra Cornell.

Cerca de las 20:30 tomó un Uber hasta el establecimiento. La demanda sostiene que en el lugar marcaron sus manos para indicar que era menor de 21 años, la edad legal para consumir alcohol en Estados Unidos, aunque afirma que de todas formas recibió al menos una bebida alcohólica.

Alrededor de las 22:00 horas se trasladó junto a otras integrantes de su hermandad a otro bar.

Cerca de las 23:00 salió sola y caminó hasta la residencia de la fraternidad Chi Phi, donde quería encontrarse con un amigo que posteriormente sería incluido entre los demandados.

La acción judicial sostiene que cuando llegó estaba visiblemente bajo los efectos del alcohol y que había consumido aproximadamente 10 bebidas estándar durante las tres horas anteriores.

De acuerdo con su versión, su amigo le dio una cerveza y ambos bailaron antes de que él le propusiera mantener una relación sexual con una tercera persona.

La demanda sostiene que posteriormente el hombre y otro integrante de la fraternidad la presionaron para inhalar una sustancia que describieron como ketamina y continuaron dándole alcohol.

Jane Doe acusa a ambos de haberla agredido sexualmente mientras se encontraba, según su demanda, incapacitada para prestar consentimiento.

Torre McGraw en el campus de la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York, 29 de septiembre | Lauren Petracca/Reuters vía CNN Newsource

En una declaración de seis páginas que posteriormente firmó ante la Policía de Cornell, la joven señaló que estuvo de acuerdo con algunos aspectos del encuentro sexual inicial, pero que no consintió otras actividades que ocurrieron posteriormente.

“Sentía que era incapaz de tomar cualquier decisión por lo intoxicada que estaba”, afirmó en esa declaración. También estimó que su nivel de intoxicación había llegado aproximadamente a un “8 de 10” y aseguró que nunca antes había estado en ese estado.

La demanda sostiene que posteriormente ingresó un tercer integrante de la fraternidad, quien habría comenzado a agredirla sexualmente sin su consentimiento.

20 de octubre de 2024: mensajes de Snapchat y nuevas acusaciones

Aproximadamente a la 1:42 de la madrugada, uno de los hombres habría publicado un mensaje sexualmente explícito en un grupo de Snapchat denominado “Chi Phi Actives”.

La demanda sostiene que el mensaje tenía como objetivo incentivar a otros integrantes de la fraternidad a subir a la habitación. Una captura de parte de esa conversación fue incorporada posteriormente a la acción judicial.

Otros mensajes de Snapchat obtenidos por CNN muestran una imagen de Jane Doe dentro de una habitación de la residencia.

La mujer afirma que después ingresaron más integrantes de la fraternidad, quienes la habrían presionado para consumir más ketamina y la habrían sometido a agresiones sexuales durante varias horas.

La demanda también sostiene que los hombres colocaron líneas de ketamina sobre su cuerpo y las inhalaron.

La casa de la fraternidad Chi Phi en la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York, el 28 de septiembre  Heather Ainsworth/AP

Posteriormente, dos de los acusados supuestamente la trasladaron a otra habitación, donde, según la acción judicial, le indicaron que consumiera más ketamina y comenzó una nueva agresión.

Los hechos denunciados habrían terminado alrededor de las 5:45 horas, cuando Jane Doe perdió el conocimiento.

Más tarde esa mañana despertó en la residencia de Chi Phi y regresó a la casa de su hermandad.

De acuerdo con la demanda, una vez allí observó moretones en su cuerpo.

Documentos de la investigación interna de Cornell citados por The New York Times indican que sus compañeras de habitación dijeron que Jane Doe les contó inicialmente que había consumido ketamina y mantenido relaciones sexuales con varios hombres.

Una de ellas afirmó que en ese momento la joven todavía no utilizaba las palabras “violación” o “agresión”, mientras que otra declaró que parecía estar “en shock” y que no comprendía completamente la gravedad de lo que estaba relatando.

Con el paso de las horas, según la demanda, Jane Doe comenzó a advertir que lo ocurrido estaba siendo comentado en el campus.

Posteriormente dijo a la Policía de Cornell que amigos le habían informado que integrantes de Chi Phi estaban alardeando sobre haber mantenido un encuentro sexual grupal con ella.

Las semanas posteriores

Durante las semanas siguientes, Jane Doe habría comenzado a procesar lo ocurrido y a identificarlo como una agresión sexual.

Según documentos del procedimiento interno de Cornell citados por The New York Times, después de aquella noche encontró comentarios en internet que hablaban de integrantes de Chi Phi que habrían drogado y violado grupalmente a una estudiante de segundo año.

Su abogado, Thomas P. Giuffra, sostuvo posteriormente que el proceso psicológico de la joven pasó de la negación a la vergüenza y, finalmente, al reconocimiento de que había sido víctima de una violación.

El 22 de octubre, tres días después de los hechos denunciados, acudió a Cornell Health para recibir tratamiento por una infección urinaria y realizarse exámenes para detectar infecciones de transmisión sexual, según su abogado.

Giuffra afirma que durante esa consulta Jane Doe indicó que había contraído la infección de una manera “traumática”, pero cuestiona que no se haya profundizado en lo ocurrido ni realizado entonces un examen forense por agresión sexual.

Antes de acudir a la policía, la joven también habría reunido posibles evidencias, incluidas fotografías de moretones y el vestido que utilizó aquella noche, según The New York Times.

El 7 de noviembre acudió además a una sala de emergencias de Ithaca y solicitó un examen forense por agresión sexual, según documentos citados por el periódico.

8 de noviembre de 2024: denuncia ante la Policía de Cornell

Jane Doe denunció formalmente el episodio ante la Policía de la Universidad de Cornell el 8 de noviembre.

Ese mismo día, el capítulo Xi de Chi Phi fue suspendido temporalmente por presuntas infracciones al código de conducta estudiantil.

Según una transcripción de la entrevista policial obtenida posteriormente por WCBS y The New York Times, la joven fue explícita al describir lo ocurrido.

“Puedo decir con un 100% de certeza que fui violada”, sostuvo, según la transcripción difundida por esos medios.

Jane Doe también habría explicado que se sintió cada vez más incómoda con la situación y describió el consumo de grandes cantidades de ketamina, además de marihuana y alcohol.

CNN señaló que no tuvo acceso directo a esa transcripción y solicitó una copia a Cornell.

15 de noviembre de 2024: una declaración de seis páginas

Una semana después, Jane Doe firmó una declaración voluntaria de seis páginas preparada por la Policía de Cornell a partir de sus entrevistas.

Ese documento se convertiría posteriormente en uno de los puntos centrales de la controversia.

La declaración no contenía la acusación explícita de violación que, según otros medios, aparecía en la transcripción de la entrevista policial. Sí incluía afirmaciones de Jane Doe sobre su alto nivel de intoxicación, su incapacidad para tomar decisiones y su horror cuando comenzaron a ingresar más hombres a la habitación.

El fiscal de distrito Matthew Van Houten sostuvo que esa declaración fue inicialmente el principal documento entregado a su oficina y que, a partir de su contenido, se decidió no presentar cargos penales.

Según el fiscal, el relato que recibió su oficina no afirmaba que Jane Doe hubiera sido drogada contra su voluntad ni describía una violación grupal.

Van Houten sostuvo posteriormente que fiscales e investigadores revisaron la declaración y determinaron que los hechos allí descritos no configuraban un delito que pudieran perseguir penalmente.

La controversia aumentó después de conocerse que la transcripción más extensa de las entrevistas policiales contenía afirmaciones más categóricas de Jane Doe respecto de haber sido violada.

También surgieron versiones contradictorias sobre qué antecedentes fueron entregados por la Policía de Cornell a la fiscalía.

26 de noviembre de 2024: Cornell reconoce públicamente las acusaciones

Más de un mes después de los hechos denunciados, Cornell emitió una declaración en la que reconoció la existencia de “acusaciones graves y profundamente perturbadoras” relacionadas con consumo de drogas y violencia sexual en la residencia de Chi Phi.

La universidad señaló entonces que estaba revisando los antecedentes denunciados y que había aplicado suspensiones temporales a varios estudiantes.

Enero de 2025: investigación interna

El 14 de enero de 2025, Cornell abrió formalmente una investigación en respuesta a la denuncia de Jane Doe dentro de sus procedimientos relacionados con violencia y discriminación sexual.

Entre el 2 y el 29 de mayo se realizaron numerosas audiencias.

Un documento de 99 páginas obtenido por CNN, con amplias partes censuradas, señala que el procedimiento incluyó más de 50 entrevistas y que seis de los siete hombres participaron de ellas.

Cornell ha señalado que el proceso derivó en distintas sanciones, entre ellas suspensiones y expulsiones. El capítulo de Chi Phi fue cerrado y continúa excluido del campus.

Según documentos confidenciales de la investigación obtenidos por The New York Times, cuatro integrantes de la fraternidad reconocieron haber mantenido contacto sexual con Jane Doe, pero sostuvieron que las interacciones fueron consensuadas.

Un vehículo de la Policía de la Universidad de Cornell está estacionado en el campus de Ithaca, Nueva York, el 1 de octubre | Lauren Petracca/Reuters

Los demás negaron haber participado en encuentros sexuales, de acuerdo con el periódico. Los hombres negaron haber cometido irregularidades y la mayoría sostuvo que Jane Doe no parecía estar intoxicada.

Abogados de algunos de los hombres incluidos en la demanda civil también han negado posteriormente las acusaciones.

CNN no logró contactar a los restantes demandados y no estaba claro si todos contaban con representación legal.

Noviembre de 2025: Cornell publica su encuesta sobre violencia sexual

Más de un año después de los hechos denunciados, Cornell difundió los resultados de su encuesta de 2025 sobre violencia sexual en el campus.

El estudio mostró un aumento en la proporción de mujeres de pregrado que declararon haber experimentado contacto sexual no consentido.

De acuerdo con los datos de la universidad, la cifra llegó al 35% en 2025, frente al 20% registrado en 2021.

16 de septiembre de 2026: Jane Doe presenta una demanda

Casi dos años después de la noche denunciada, Jane Doe presentó una demanda civil ante un tribunal del estado de Nueva York.

La acción judicial acusa a siete hombres vinculados a Chi Phi y también incluye entre los demandados a Cornell y otras organizaciones.

La demanda volvió a colocar el caso en el centro de la atención pública y reveló antecedentes que provocaron nuevas preguntas sobre la investigación inicial.

El abogado de Jane Doe afirmó que solo dos de los hombres acusados fueron expulsados de Cornell y que otros recibieron sanciones menores.

La universidad ha rechazado la idea de que su respuesta disciplinaria haya sido indulgente.

28 de septiembre de 2026: la Fiscalía reabre el caso

El fiscal de distrito Matthew Van Houten anunció que su oficina reabriría la investigación y que buscaría que un gran jurado revisara los antecedentes para determinar si correspondía presentar cargos penales.

Van Houten defendió al mismo tiempo la decisión adoptada en 2024 y sostuvo que, con la información disponible entonces, no presentar cargos había sido jurídicamente correcto.

Cornell, por su parte, respaldó la reapertura del caso y volvió a defender su procedimiento disciplinario.

La universidad aseguró que el panel encargado del proceso había aplicado distintas sanciones, incluidas suspensiones y expulsiones.

También rechazó versiones según las cuales algunos estudiantes habrían recibido como única sanción la obligación de escribir ensayos.

29 de septiembre: interviene la fiscal general de Nueva York

La oficina de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció que revisaría la respuesta de Cornell frente a las acusaciones.

La gobernadora Kathy Hochul calificó las denuncias como “horribles” y pidió una revisión independiente del caso.

La controversia ya había trascendido el campus y comenzaba a generar cuestionamientos sobre la actuación de la policía universitaria, la fiscalía local y las propias leyes de Nueva York sobre consentimiento e intoxicación.

1 de octubre: Letitia James es designada fiscal especial

Hochul firmó una orden ejecutiva para nombrar a la oficina de Letitia James como fiscal especial a cargo de la investigación.

La gobernadora afirmó que había perdido la confianza en la capacidad del fiscal Van Houten para conducir el proceso.

Con la designación, James obtuvo facultades para investigar los hechos y, si los antecedentes lo justifican, perseguir penalmente eventuales delitos y presentar evidencia ante un gran jurado.

“Todo neoyorquino merece saber que cuando denuncia un delito, será investigado de forma completa y justa”, afirmó James al aceptar la designación.

Cornell expresó su respaldo a la decisión.

2 de octubre: Hochul cuestiona públicamente la investigación inicial

Un día después, Hochul endureció sus críticas a la forma en que las autoridades abordaron originalmente las acusaciones.

La gobernadora cuestionó tanto la actuación de la Policía de Cornell como la de la fiscalía del condado de Tompkins y sostuvo que la denunciante había sido perjudicada por instituciones que tenían la obligación de protegerla.

“Quiero la verdad”, afirmó durante una conferencia de prensa junto a Letitia James.

La fiscal general deberá ahora revisar la evidencia y determinar si existen fundamentos para impulsar cargos penales.

El caso también abrió una discusión política más amplia en Nueva York sobre las normas que regulan el consentimiento sexual cuando una persona se encuentra bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Mientras esa investigación continúa, los siete hombres permanecen como acusados en una demanda civil y no han sido condenados ni imputados penalmente por los hechos denunciados.