El diputado del Partido Nacional Libertario (PNL), Erich Grohs, presentó un proyecto de ley que busca suspender de manera transitoria la aplicación de la Ley Karin.
En concreto, el parlamentario propone suspender por un período de cinco años la Ley N° 21.643, normativa que busca prevenir, investigar y sancionar el acoso laboral, el acoso sexual y la violencia en el trabajo.
Según explicó Grohs, la propuesta surge ante el “severo colapso institucional y operativo” que, a su juicio, enfrenta el sistema debido a la cantidad de denuncias acumuladas.
Cabe destacar que la Dirección del Trabajo (DT) informó que entre agosto de 2024 —cuando comenzó a regir la normativa— y el 31 de diciembre de ese año se registraron 66.596 denuncias.
En esa línea, el diputado explicó que su iniciativa establece que durante el período de suspensión volverían a regir las normas laborales previas a la entrada en vigencia de la Ley Karin. No obstante, el proyecto resguarda explícitamente los derechos adquiridos y determina que todos los procesos de denuncia e investigación ya iniciados continuarán bajo la normativa actual hasta su total término.
“La Ley Karin nació para enfrentar un problema real y necesario, pero la evidencia disponible demuestra que hoy el sistema está funcionando con serias dificultades. Cuando una parte importante de las denuncias termina no correspondiendo a materias propias de la ley y las investigaciones se extienden durante meses, tenemos la obligación de revisar si el diseño normativo está cumpliendo efectivamente su objetivo“, afirmó Grohs.
El parlamentario aclaró que esta suspensión de cinco años no busca dejar en la indefensión a los trabajadores, sino abrir un período de revisión para corregir las que considera fallas estructurales de la norma, como la eliminación del requisito de reiteración para configurar el acoso y la carga administrativa sobre los órganos competentes.
“Lo que proponemos no es desproteger a los trabajadores, sino abrir una discusión responsable sobre una legislación que ha generado una carga muy superior a la prevista para las instituciones encargadas de aplicarla. Necesitamos una normativa que proteja eficazmente a las víctimas, pero que también entregue certezas jurídicas, procedimientos oportunos y resguardos frente a denuncias que no corresponden al espíritu de la ley”, remarcó Grohs.
La iniciativa promovida por Grohs cuenta con las firmas de Paulina Muñoz, Cristóbal Urruticoechea y Álvaro Jofré (Partido Nacional Libertario), Diego Vergara (Partido Republicano) y Daniel Valenzuela (independiente de la bancada de RN). Además, cuenta con el respaldo del diputado Patricio Briones (PDG), aunque su firma no pudo incorporarse debido a un problema digital.
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