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Un grupo de diputados, liderados por Rodrigo González (PPD) y Jaime Mulet (FRVS), presentaron este martes un proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias para el 11 de abril de 2021.

Durante la presentación de la iniciativa, González argumentó desde el Congreso que “es necesario anticiparlas porque desde la última elección presidencial, el Parlamento y el Ejecutivo han perdido legitimidad y representación“.

El diputado señaló que el estallido social y los resultados del plebiscito constitucional demuestran que la población “ha cuestionado profundamente la institucionalidad política y se requiere un cambio profundo de ella para que represente de verdad los intereses ciudadanos“.

González recordó que 79% de los votantes optó por una Convención Constitucional para elaborar la nueva Carta Magna. Este resultado, “así como todas las encuestas, han señalado esa pérdida de legitimidad”, dijo el parlamentario.

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“La desconfianza sobre las instituciones políticas es muy profunda; ello requiere una relegitimación del poder político y esa relegitimación nos parece que se debe producir en forma simultánea con la elección del futuro poder constituyente, con las elecciones municipales y de gobernadores regionales: en abril del próximo año”, explicó.

El proyecto ha sido criticado desde el oficialismo. El diputado Camilo Morán (RN), por ejemplo, dijo que algunos “creen que están en el Congreso peruano. Que es llegar y botar presidentes sin importar nada. Vienen y se arrogan la voluntad del pueblo, así lo dicen. Y de lo que no se dan cuenta es que todos somos parte del problema”.

Ante este tipo de cuestionamientos, González recalcó que la presentación del proyecto “ocurre en sede legislativa y de acuerdo a la instituciionalidad existente. No se trata, como algunos han dicho, ni de un golpe blando, ni de querer botar el poder constituido, sino que se trata justamente de relegitimarlo”.

Finalmente, el diputado sostuvo que la decisión del Gobierno de llevar el segundo retiro del 10% al Tribunal Constitucional (TC) “es una verdadera provocación. Casi podría decirse que está llamando a que haya grandes manifestaciones e incluso pudiera interpretarse como una verdadera incitación a la violencia”.

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