“No son agencias de empleo para amiguitos políticos”: Diputada Rodríguez oficia a Contraloría por contratación de Jadue en Cerro Navia

La diputada del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, ofició a la Contraloría General de la República (CGR) para revisar la contratación del exalcalde de Recoleta Daniel Jadue (PC) en la Municipalidad de Cerro Navia.

Rodríguez cuestionó la incorporación de Jadue como asesor urbanístico de la Secretaría Comunal de Planificación (Secpla) del municipio, cargo por el cual recibirá una remuneración de alrededor de $1,3 millones brutos mensuales en modalidad de media jornada.

La parlamentaria criticó que este nombramiento se da en medio del proceso judicial por el caso Farmacias Populares que enfrenta el exjefe comunal, donde se le acusa de los presuntos delitos de fraude al fisco reiterado, estafa, cohecho y delito concursal, por los cuales se piden penas de más de 18 años de cárcel.

Cabe recordar que el caso se encuentra en la etapa de preparación del juicio oral en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, y que el exalcalde cumple actualmente las medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y firma periódica.

La parlamentaria también cuestionó el vínculo personal de Jadue con el alcalde de Cerro Navia, Mauro Tamayo, argumentando que ambos mantienen una relación de amistad.

“¿Sabían que Daniel Jadue fue contratado como asesor urbanístico en Cerro Navia? Sí, el mismo Jadue, acusado por estafa, cohecho y fraude al fisco en el caso Farmacias Populares. Todos tienen derecho a trabajar, pero si es en un municipio, los estándares deberían ser bastante más altos. Porque los municipios están para servir y ayudar a los vecinos, no para convertirse en agencias de empleo de los amiguitos políticos“, arremetió.

Por ello, envió un oficio a la Contraloría para “determinar si la contratación responde a necesidades reales de la comuna y si se respetaron los principios de probidad administrativa”, así como para “esclarecer las condiciones de contratación y determinar si se ajustan a las normas que regulan el uso de recursos públicos”.

De esta forma, solicitó determinar si la incorporación de Jadue se encuentra debidamente justificada por una necesidad institucional concreta, si sus antecedentes profesionales fueron evaluados y si las condiciones del contrato cumplen con la legislación vigente.

También pidió a la Contraloría revisar eventuales vulneraciones a los principios de probidad, imparcialidad y transparencia, particularmente respecto de posibles vínculos personales o políticos que pudieran haber influido en la decisión; además de analizar la compatibilidad entre las medidas cautelares que mantiene el exalcalde y el cumplimiento efectivo de sus nuevas funciones.

Si bien Rodríguez remarcó que la existencia de vínculos personales no constituye por sí misma una irregularidad administrativa, señaló que es necesario que se esclarezcan los antecedentes y se determine si la contratación de Jadue se ajustó al marco legal.

Así, insistió en la importancia de exigir transparencia en estas decisiones y evitar que los cargos municipales sean utilizados para favorecer relaciones de cercanía política.