CNN Chile te explica: ¿Qué es y cómo funciona una acusación constitucional?
Este instrumento de control político permite al Congreso supervisar a otras autoridades del Estado, garantizando así la separación y el equilibrio entre los poderes.
La institución, dueña de la Hacienda Pedehue, arrienda los recursos hídricos del lugar a la empresa agroindustrial Chacabuco para la producción de uva de mesa hasta el año 2047. Esto, mientras los vecinos del sector solo tienen acceso a dos mil litros de agua a la semana.
A 50 minutos de Santiago se encuentra el Río Colina, uno de los sectores más golpeados por la sequía. Aunque en el sector de las compuertas al agua fluye de manera normal, solo ocho kilómetros más abajo el lugar se encuentra una zona totalmente árida, afectando a las comunidades de Peldehue, Colina y Quilapilún Alto.
En un reportaje realizado por CHV Noticias se dio a conocer cómo vecinos del sector apenas viven con 2 mil litros de agua semanales. Una de ellas es la familia de Melina Ibarra, donde en su casa las duchas apenas pueden durar tres minutos. La falta de agua potable, según le han informado, se debe a que “no es factible por falta de agua en los pozos“.
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Julio Salas, abogado denunciante de la situación, aseguró que “hay dos empresas que extraen agua en grandes cantidades del río. Una es la minera Anglo American y la otra es la agroindustrial Chacabuco“.
Efectivamente, el Comando de Bienestar del Ejército es el actual propietario de la Hacienda Peldehue, lugar que le arrienda a la empresa agroindustrial para la producción de uva de mesa hasta el año 2047, además de los derechos de agua del Fisco.
“El Estado los arrienda y deja a la gente sin agua. Uno esperaría también una investigación de por qué el Ejército se permite disponer de derechos que no forman parte de su patrimonio. Extraen las aguas antes que caigan al cauce del río y drenan las napas subterráneas a través de pozos profundos”, enfatizó Salas.
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La dirigente social de la comuna de Colina, Elisa Gálvez, señaló que este tipo de contratos “deberían ser caducados. Estos contratos no pueden seguir existiendo. Deberían ser devueltos al Estado para que lo maneje para que le permita a la gente el acceso al agua“.
Por su parte, desde el Ejército sostuvieron que este tipo de acciones permite financiar el apoyo social a los miembros de la institución. “Para estos fines el Estado no proporciona financiamiento, por lo tanto, la ley permite recaudar recursos a través de la celebración de contratos, como el arriendo de este predio y sus derechos del agua”, explicaron.
Este instrumento de control político permite al Congreso supervisar a otras autoridades del Estado, garantizando así la separación y el equilibrio entre los poderes.