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Defensoría de la Niñez busca frenar 56 rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra menores mediante recurso de amparo

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Defensoría de la Niñez por muerte de niño en residencia: “Es indispensable el completo esclarecimiento de estos graves hechos”

La Defensoría de la Niñez confirmó la tarde de este viernes que presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago para pedir que se dejen sin efecto las 56 rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

A través de un comunicado, la entidad anunció que ingresó el recurso para solicitar al tribunal que “ordene dejar sin efecto los decretos correspondientes a las causas individualizadas en el recurso y que el Ministerio (de Justicia) adopte las medidas administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo resuelto”.

También piden que se informe a los respectivos Juzgados de Garantía para que “se determinen las medidas que corresponden para el cumplimiento efectivo de las penas impuestas, incluidas eventuales órdenes de detención, si procede”.

En concreto, la acción judicial criticó que hubo un cambio de criterio para otorgar los beneficios penitenciarios, ya que argumentaron que la legislación establece exclusiones expresas para determinados delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

Asimismo, se remarcó que el Ministerio de Justicia anteriormente había sostenido una interpretación “contraria al otorgamiento de estos beneficios en casos de similares características, criterio respaldado en distintas resoluciones de la Corte Suprema”.

Al respecto, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, sostuvo que “no estamos solo frente a una discusión sobre beneficios penitenciarios, sino que también estamos frente a decisiones del Estado que pueden afectar directamente la seguridad y los derechos de quienes fueron víctimas de graves delitos sexuales”.

Por ello, explicó que la Defensoría acudió a la Justicia “porque consideramos que estas rebajas deben quedar sin efecto y que el Estado tiene la obligación de adoptar medidas concretas para proteger a las víctimas. No basta con explicar por qué se concedieron estos beneficios; también hay que responder qué se está haciendo para resguardar a quienes sufrieron estos delitos”.

Por último, solicitaron que el Ministerio de Justicia se coordine con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para la “activación de medidas de protección para las víctimas”.

“La presentación de esta acción judicial forma parte del mandato legal y autónomo de la Defensoría de la Niñez de promover y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, así como de observar la actuación de los órganos del Estado cuando sus decisiones puedan comprometer esos derechos”, concluyeron.

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