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El jueves, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella interpuesta en contra el presidente Sebastián Piñera, el ex ministro de Salud Jaime Mañalich y el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.
La acción judicial fue presentada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) y la Federación Democrática de Profesionales Universitarios de Salud R.M. (Fedeprus).
La querella fue interpuesta por los ilícitos de cuasidelito de homicidio, negociaciones incompatibles y tráfico de influencias, denegación de auxilio, negativa o retardo de protección o servicios, y denegación de servicios.
En ella sostienen que las autoridades cometieron una “negligencia grave como descuido consciente y voluntarioso de sus deberes de garantizar la protección del derecho a la vida y la salud”.
De acuerdo a los querellantes, las acciones implementadas por el Gobierno han tenido como resultado las muertes a causa del COVID-19.
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El texto apunta a los llamados que hizo el Gobierno a la “nueva normalidad”, momento en el que “la curva de contagios en nuestro país se tornó incontrolable y el colapso de la red asistencial fue catastrófico”.
Según indicaron las agrupaciones firmantes, la querella también incluye delitos “de corrupción en tiempos de pandemia”, así como antecedentes de falta de transparencia en la entrega de información.
Acusan que el actuar del Ejecutivo “no acata lo prescrito por la Convención Americana de Derechos Humanos, ni se ajusta a lo señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos referente a la obligcación estatal de asegurar el derecho de acceso a la información pública, en el marco de la emergencia generada por el COVID-19”.
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