(CNN Chile/Agencia Uno) – Luego que se conociera el desalojo masivo de personas extranjeras por parte de Carabineros en Plaza Brasil de Iquique y la posterior quema de sus pertenencias tras un ataque xenofóbico por sujetos que participaron de una convocatoria anti-migrantes, Convergencia Social (CS) le envió una carta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar los hechos y solicitar que oficie Chile a responder por las políticas migratorias implementadas en el país para enfrentar la crisis humanitaria.
En la misiva, que está dirigida a la relatora especial sobre los Derechos de las Personas Migrantes de la CIDH, Julissa Mantilla, una veintena de dirigencias políticas acusan que el Gobierno realizó el desalojo “sin tener ninguna solución para las familias migrantes, generando grandes problemas en su integridad física y psicológica, dejándolos abandonados a su suerte”.
Además, mencionan que al momento de que los ciudadanos chilenos quemaran los enseres personales de las familias extranjeras que se encontraban acampando en la plaza iquiqueña, personal de Carabineros “no efectúo ningún accionar para brindar protección a las personas afectadas” ni detener dicha vulneración, situación que, de acuerdo con el partido frenteamplista, transgrede “las obligaciones de los Estados de proteger la vida e integridad de las personas” señaladas por la CIDH.
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¿Qué exigen?
Los denunciantes le solicitan a Mantilla que le pida al Gobierno de Chile una serie de reportes, entre ellos, la realización de tres informes:
- Primero, sobre “las políticas públicas de protección a las personas migrantes, con énfasis en la protección de los Derechos Humanos”.
- Segundo, por “los protocolos que contempla Carabineros de Chile respecto del trato que deben tener con la población migrante”.
- Tercero, para que las autoridades respondan sobre “las acciones que han llevado a cabo para respetar el debido proceso para la determinación de la condición de persona refugiada y la regularización de la migración forzada”.
En la carta también piden que el Gobierno informe sobre el ofrecimiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) de establecer un campamento de refugiados en Chile y la respuesta del Estado frente a esta oferta, además de dar a conocer las medidas adoptadas por el Gobierno para resguardar a las personas migrantes, especialmente aquellas que están en situación de calle; mujeres, personas mayores, niños y adolescentes.
El documento fue suscrito por los diputados Diego Ibáñez, Gonzalo Winter, Gael Yeomans y Marcelo Díaz; las alcaldesas Lorena Olavarría (Melipilla), Erika Martínez (San Miguel) y Valeria Melipillán (Quilpué); los consejeros regionales Matías Fernández (Los Ríos), Nataly Campusano (Valparaíso) y Claudia Hasbún (Metropolitana), junto con la dirección nacional del partido y una treintena de candidaturas y dirigencias.
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