Poco después que se decidiera suspender la PSU de Historia a nivel nacional, 56 recursos de protección fueron presentados ante las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel contra el Consejo de Rectores (Cruch) y el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional (Demre).

Con estas acciones judiciales, ingresadas por apoderados y estudiantes que se vieron afectados por la suspensión, se buscaba revertir la decisión de no aplicar la evaluación de Historia.

Hasta ahora, estos recursos no han mayor acogida: más de la mitad fue declarada inadmisible y rechazada en su proceso de apelación (53%), mientras que otras 17 acciones no fueron acogidas a trámite, aunque aún se encuentran en etapa de apelación. A la vez, un caso fue desestimado y tres están sin resolución todavía.

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La respuesta de las cortes se da en paralelo al anuncio del Cruch de aumentar en 5% los cupos de las carreras ligadas a Historia y Ciencias Sociales, para que sean ocupados por los estudiantes que se sientan perjudicados por la suspensión del examen.

Según informa La Tercera, los cinco recursos de protección que han sido acogidos a trámite o declarados admisibles corresponden a causas revisadas por la Corte de Apelaciones de San Miugel. Para estos casos, el tribunal de alzada ordenó al Cruch y al Demre dar a conocer todos los antecedentes que estén en su poder sobre los hechos que llevaron a cancelar la prueba.

Por esto, el Cruch indica que seguirá con atención lo que ocurra con los recursos de protección que fueron admitidos, debido a que si surge la orden de no innovar, el proceso de PSU podría verse interrumpido.

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Al respecto de esto, el rector de la U. Alberto Hurtado, Eduardo Silva, señaló al matutino que si se llega a aplicar dicha orden, “eso sí que sería perjudicar al conjunto de los estudiantes”.

A la vez, la autoridad valoró que las otros recursos presentados hayan sido rechazados: “No se le reconoce responsabilidad al Cruch de un no cumplimiento del contrato. Ha habido dificultades y se han tratado de subsanar”.

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