Tras tres suspensiones previas, la Corte de Apelaciones de Santiago fijó para el próximo jueves 16 de octubre, a las 08:30 horas, la audiencia en que se revisará la solicitud de desafuero contra el diputado Joaquín Lavín León, investigado por presunto fraude al Fisco.
La notificación fue enviada este jueves a las partes involucradas, marcando un nuevo avance en la causa que lidera la Fiscalía Metropolitana Oriente.
En la audiencia, la fiscal de Alta Complejidad, Constanza Encina, será la encargada de exponer los argumentos ante el Pleno del tribunal para justificar el levantamiento del fuero parlamentario del legislador de la UDI.
El objetivo de la instancia será determinar si existen antecedentes suficientes para retirar la inmunidad parlamentaria al legislador, condición necesaria para su eventual formalización judicial.
¿Por qué se investiga a Joaquín Lavín León?
Uno de los principales focos del caso es el uso de fondos públicos para el desarrollo y operación de Socialtazk, una aplicación de mensajería y recopilación de datos políticos creada por la empresa Modo 74, propiedad de los hermanos del diputado: Juan Pablo y María Estela Lavín.
De acuerdo con la Fiscalía, la app fue financiada íntegramente con recursos del Congreso Nacional, a pesar de haber sido utilizada con fines electorales privados.
La herramienta habría sido ofrecida gratuitamente por Lavín a más de 70 candidatos de la UDI entre 2020 y 2021, a cambio del acceso a sus bases de datos.
Además, el parlamentario instruyó a parte de su equipo legislativo a trabajar en la validación y carga de información en la plataforma durante su jornada laboral, lo que podría constituir un desvío de recursos fiscales. El perjuicio estimado por el Ministerio Público en esta línea supera los $93 millones.
Querella del CDE por arista de financiamiento irregular
Paralelamente, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella en relación con otra arista de la causa, centrada en el presunto financiamiento ilegal de campañas electorales.
Según el escrito, Lavín, junto a su asesor Arnaldo Domínguez y los proveedores Juan Silva y Felipe Vásquez, habrían utilizado facturas falsas para rendir gastos ante el Congreso, sin que existiera una prestación real de servicios.
El perjuicio fiscal en esta parte del caso se estima en más de $104 millones.
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