La Fiscalía Regional de Coquimbo solicitó la interceptación del teléfono del Presidente Gabriel Boric en el marco de la investigación por presuntas irregularidades en la Fundación ProCultura. El persecutor Patricio Cooper argumentó que existen indicios de que fondos provenientes de convenios adjudicados a ProCultura fueron desviados para financiar de manera irregular la campaña presidencial de Gabriel Boric.
Según consignó Emol, Fiscalía reveló un aumento significativo en los convenios entre ProCultura y el Estado durante los años 2022 y 2023, coincidiendo con el mandato de Boric.
A fines de abril él mismo había desdramatizado la situación al plantear que el pinchazo que se realizó a su teléfono es parte del trabajo que una institución como la Fiscalía debe poder hacer.
“Corrupción” y “traición”
Parlamentarios de distintos partidos de oposición se han referido al hecho, con calificativos que van desde “corrupción” hasta “traición” por parte de la administración del líder frenteamplista.
Sofía Cid (Rep) expresó que de comprobarse que hubo desvío de dineros públicos hacia la campaña del mandatario, “no estamos solo frente a un caso de corrupción, estamos frente a una traición”, criticando que mientras en la región que representa siguen teniendo problemas en educación, salud y seguridad ocurran cosas de este tipo
“Usaron el discurso de la justicia social para enriquecerse y ganar poder. Así no se construye país. Así se destruye la confianza y se erosiona la democracia. No lo vamos a permitir. Vamos a exigir que se investigue todo y a todos, desde el primer peso hasta la última firma. Porque mientras en Santiago reparten millones entre amigos, la delincuencia avanza, los hospitales no dan abasto y nuestros niños estudian con ratones”, afirmó la diputada.
Por su parte, Jorge Guzmán (Evópoli) aseguró que “crearon un mecanismo para apropiarse de los recursos de todos los chilenos y transferirlo a los bolsillos de sus amigos de partido” y que será deber del Ministerio Público “investigar a todos y entregar garantías” para que puedan trabajar “sin las presiones y amedrentamientos del Gobierno de Boric ni de parlamentarios de izquierda”.
En la misma línea, Karen Medina (Ind- DC) dijo que “ahora se entiende por qué esta investigación en este caso de la Fundación Pro Cultura se ha demorado tanto”.
“Aunque sea el Presidente el que se ve involucrado, si es un acto o un delito, un acto de corrupción, debe investigarse, debe salir a sancionarse como que fuera cualquier persona, porque nadie está por sobre la ley y porque no podemos seguir tolerando que los recursos de todos los chilenos se malgasten de esta manera. Eso es burlarse de la ciudadanía y eso no se puede seguir permitiendo”, señaló la parlamentaria.
El diputado Roberto Arroyo (PSC) también criticó en duros términos la situación, asegurando que “el Gobierno de Boriuc es claramente un sinónimo de corrupción y desvío de dineros”. “Vinieron a cambiar Chile y lo hicieron, ahora tenemos un país más endeudado y con cesantía”, agregó con un llamado al mandatario a aclarar los hechos ante Fiscalía “y ojalá no sea por Twitter”.
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