Lo que comenzó como una investigación en el marco del Caso ProCultura derivó en una de las controversias políticas más significativas del año.
La intervención telefónica del exasesor presidencial Miguel Crispi (Frente Amplio), ordenada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, desencadenó una nueva arista penal que terminó con la destitución de la exsenadora Isabel Allende, tras un fallo unánime del Tribunal Constitucional (TC).
La diligencia, autorizada por el Juzgado de Garantía, reveló conversaciones entre Crispi y su madre, la exministra y militante socialista Claudia Serrano, en las que se evidenciaría la insistencia de Allende por concretar la compraventa de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, según publicó La Tercera.
La reacción en el mundo político no se hizo esperar. Mientras algunos sectores apuntaron a una posible mala conducta de las exautoridades implicadas, otras voces —particularmente desde el Frente Amplio— criticaron duramente al Ministerio Público por el carácter intrusivo de las medidas investigativas y por la filtración de información sensible a la prensa.
El emplazamiento de Cooper
El fiscal Cooper respondió con firmeza a los cuestionamientos: “Me llama mucho la atención que se hable de este tema solo cuando se trata de determinadas personas“.
“Las intervenciones telefónicas son herramientas legales que también se aplican en casos de narcotráfico y terrorismo sin generar el mismo nivel de controversia”, afirmó.
Cooper defendió la legalidad del procedimiento, subrayando que todas las medidas fueron solicitadas con fundamentos y debidamente autorizadas por el Tribunal de Garantía.
“El trabajo del Ministerio Público está regulado por el sistema acusatorio. No actuamos solos, los jueces controlan nuestras acciones y las autorizaciones judiciales son parte esencial de este proceso”, agregó.
La destitución de Isabel Allende por parte del TC marcó un hecho sin precedentes en la historia reciente del Senado, dejando además en evidencia las tensiones entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y el mundo político en torno al uso de medidas invasivas en investigaciones de alto perfil.
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