Cerca de 232 municipios del país deberán entregar detalles sobre los descuentos aplicados a las remuneraciones de docentes que participaron en paralizaciones sin justificación formal.
Esto, luego de que la Contraloría General de la República (CGR) oficiara a las entidades gubernamentales semana pasada para fiscalizar el cumplimiento de normativas que impiden el pago por días no trabajados debido a adhesiones voluntarias a movilizaciones consideradas ilegales.
“La ausencia de los servidores públicos de sus labores por adherir voluntariamente a una paralización irregular de actividades implica necesariamente el descuento a sus remuneraciones del valor del tiempo no trabajado, por cuanto esa situación no configura causal que justifique la inasistencia”, reiteró el organismo fiscalizador en su oficio.
Además de esto, Contraloría solicitó que los municipios informen sobre las acciones adoptadas para garantizar la continuidad del servicio educativo durante las paralizaciones, así como los mecanismos aplicados para efectuar los descuentos correspondientes, recogió Emol.
En caso de que aún no se hayan realizado, las autoridades locales deberán enviar esa información una vez ejecutada, incluyendo los nombres de los funcionarios involucrados y los montos descontados.
La Contraloría dio un plazo de cinco días hábiles para el envío de los antecedentes.
La polémica se enmarca en una serie de tensiones entre el Gobierno, los gremios de educación y las autoridades locales, en medio de demandas por mejoras en las condiciones laborales del profesorado y el funcionamiento de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
Reacción del Colegio de Profesores
La medida generó un fuerte rechazo por parte del Colegio de Profesores. Su presidente, Mario Aguilar, acusó una “operación política” destinada a limitar derechos laborales de los docentes.
“Esto es una fuerte e inusitada operación política para atentar contra los derechos laborales, contra los derechos conquistados, contra la posibilidad de movilizarse y de reclamar contra malas condiciones de trabajo”, afirmó.
El dirigente gremial también criticó que la Contraloría, con su dictamen, “eliminó el derecho que se había conquistado con la misma Contraloría, respecto a la confianza legítima para trabajadores del sector público que laboran a contrata”.
Aguilar aseguró que tanto la Corte Suprema como otras instancias judiciales han reconocido el derecho a movilización de los trabajadores públicos, y acusó que hoy “se pretende desconocer” esa jurisprudencia.
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