Un informe presentado a principios de octubre por la Contraloría General de la República, correspondiente a su unidad de Auditoría, detectó problemas en una de las licitaciones de la Subsecretaría de Prevención del delito mientras Katherine Martorell, actual vocera del candidato presidencial Sebastián Sichel, dirigía la cartera.
En detalle, el texto explica que se efectuó una “auditoría y examen de cuentas al proceso de licitación y ejecución del contrato para la adquisición de un sistema de cámaras corporales de alta resolución para Carabineros de Chile, realizado por la Subsecretaria de Prevención del Delito, durante el año 2020″.
El informe destaca que se constató que “la Subsecretaria de Prevención del Delito aceptó cinco ofertas presentadas en la licitación publica ID N° 654478-2-j_R20”, dentro de las cuales se encuentra “la propuesta de la empresa adjudicada Motorola Solutions Chile S.A., por la suma total de $378.896.000, pese a que se ingresaron en el portal, www.mercadopublico.cl fuera del horario de recepción establecido“, esto es, “con posterioridad a las 16:00 horas del día 28 de febrero de 2020”.
Entre otros cuestionamientos, Contraloría consignó que “se verificó que no existe constancia ni evidencia de los antecedentes tenidos a la vista por la comisión evaluadora para analizar las ocho ofertas recibidas”, entre las que se encontraba la ganadora.
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Además, remarcó otros aspectos técnicos, como que “en la oferta ganadora no constataba que las máquinas contaran con post-recording, requisito necesario para la licitación, de hecho, una de las ofertas que pasó la evaluación no lo tenía, por lo que debieron haber sido ofertas inadmisibles”. De esta manera, sostuvo que “no existe constancia de que, al momento de entregar las cámaras a la Subsecretaría, se haya verificado si cumplían con el requisito de post-recording, por lo que ordena a la Subsecretaría a verificar que las cámaras cumplen con los requisitos técnicos o cobrar la multa correspondiente”.
Se observó también que “la comisión evaluadora de la licitación pública le asignó en el atributo ‘Presenta la totalidad de la documentación requerida al momento de la apertura de las ofertas’, el total del puntaje a Motorola Solutions Chile S.A., esto es, 100 puntos, no obstante que esa empresa no entregó el Anexo N° AT1, sobre plazo de entrega total del sistema, contraviniendo con ello lo establecido en el numeral 7.3 de las bases administrativas de la licitación sobre ‘Criterios de evaluación’, por cuanto dicha puntuación quedaba reservada para las propuestas que cumplieran los requisitos formales de presentación”.
Entre los diferentes mandatos de Contraloría para corregir las irregularidades, esta sostuvo que la Subsecretaría de Prevención del Delito “deberá llevar a cabo las capacitaciones comprometidas a los funcionarios que participan en las comisiones evaluadoras, particularmente, sobre la aplicación de los criterios de evaluación”, en el plazo de 60 días hábiles.
El diputado Gabriel Ascencio (DC) se refirió al hecho destacando que “terminan haciendo una licitación donde no cumplen ninguna de las reglas que se habían establecido, pero, además, favorecen a los amigos” y añadió que “la subsecretaria Martorell sale del gobierno y se va de inmediato al comando de Sichel, que ya está manchado por todo este tipo de acusaciones e irregularidades”. Así, confirmó que ha decidido enviar estos antecedentes a Fiscalía en Santiago, “porque ameritan una profundización penal en contra de la señora Martorell y de todos los responsables”.
En el sitio web de Motorola Solutions se detalla la tecnología Record-After-the-Fact (grabar después del hecho), traducción similar a post-recording, en la que la empresa sostiene que esta opción “brinda a las agencias la capacidad de retroceder en el tiempo y recuperar videos que se creían perdidos“, no obstante, advierten, “tenga en cuenta las inquietudes sobre la privacidad de los funcionarios al implementar políticas para el uso de esta poderosa tecnología”.
“La empresa ha buscado enlodar mi imagen”
Minutos posteriores a que se hiciera público el informe de Contraloría, la actual vocera del comando de Sichel afirmó que el documento en cuestión apela a “errores administrativos”, de los cuales algunos estarían ya subsanados, “otros en proceso de subsanación mientras aún era subsecretaria” y algunos en camino a ello.
“¿Por qué fueron enviados a la Fiscalía Regional Centro Norte? Porque existe una querella criminal presentada por una empresa que perdió la licitación. Pero es muy importante dejar en claro que el informe no establece que existan elementos que revistan características de delito“, afirmó Katherine Martorell.
En esa línea, criticó que “sea gratis” presentar querellas en nuestro país, adelantando que una vez termine este proceso ejercerá las acciones legales “en contra de la empresa que ha buscado enlodar mi imagen”.
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