La Contraloría General de la República (CGR) le recordó al Gobierno la prescindencia que deben tener los funcionarios públicos de cara a las elecciones presidenciales y parlamentarias del próximo 21 de noviembre.
El instructivo publicado en el Diario Oficial sostiene que está prohibido “realizar actividad política en las funciones de la administración o usar bienes del Estado para tales fines”.
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La misiva firmada por el contralor subrogante, Osvaldo Vargas señala que “los cargos públicos deben desempeñarse con la más estricta imparcialidad, otorgando a todas las personas de manera regular y continua las prestaciones que la ley impone respecto al servicio.
“Cuando las autoridades organicen actos, ceremonias o eventos oficiales, deben procurar la igualdad de trato, sea respecto de candidatos o autoridades en ejercicio”, detalla el texto.
“Los servidores del Estado se encuentran impedidos de realizar, en ejercicio del cargo y dentro de la jornada, toda actividad política, así como emplear, con propósitos proselitistas, recursos públicos, sean financieros, bienes muebles o inmuebles, vehículos, medios de información, incluidos los equipos computacionales”, explica.
En el escrito, la Contraloría es categórica: “no pueden los funcionarios durante el ejercicio de sus funciones, llamar a votar por candidatos determinados”.
Además, les instruye a los funcionarios públicos a no intervenir en asuntos en que se tenga interés personal o en el que lo tengan cónyuges, hijos o parientes hasta tercer grado de consanguinidad.
Por último, sostiene que no se deben realizar contrataciones de servicios no personales a honorarios para finalidades políticas o en general, ajenas a los objetos de servicio.
Recordemos que el tema ganó relevancia luego de que la ministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar fuera acusada acusada de usar recursos públicos para favorecer la campaña de su pareja, Christian Pino.
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