La Contraloría Regional de La Araucanía detectó una serie de irregularidades y conflictos de interés en la concesión y operación de un aparcadero municipal en Villarrica, el cual fue administrado por una empresa particular entre 2023 y 2025 y estaba destinado a la custodia de autos retirados de circulación.
La situación quedó al descubierto tras una auditoría, cuyos resultados apuntan a la “activa participación del director de control de la municipalidad en gestiones relacionadas con el retiro de un vehículo bajo custodia municipal, que culminaron con la obtención de un poder para disponer del automóvil y su posterior transferencia a un familiar directo”.
Dichos hechos, de acuerdo al ente contralor, podrían constituir una vulneración al principio de propiedad.
En el informe también se reveló que dos trabajadores de la Municipalidad de Villarrica eran dueños de la empresa concesionaria del aparcadero, “configurándose una causal de inhabilidad establecida en la legislación vigente”.
🔴INFORME DE AUDITORÍA | Detectamos irregularidades en la concesión y operación del aparcadero municipal de Villarrica.
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La Contraloría instruyó al municipio invalidar los actos administrativos relacionados con las contrataciones.
Además, identificó algunas inconsistencias en el cobro y retiro de vehículos. En uno de los casos, “pese a que la concesionaria informó una condonación total de los costos de bodegaje, se habrían realizado cobros al propietario por fuera de los mecanismos formales de rendición, sin respaldo tributario ni registro de los ingresos correspondientes”.
A ello se suma que la concesión se adjudicó a una empresa que no tenía la patente municipal correspondiente para realizar la actividad y que “el aparcadero funcionó en un predio distinto al autorizado en el contrato, sin que existiera una modificación formal aprobada por la autoridad”.
Asimismo, la auditoría develó “deficiencias en los controles operativos, falta de trazabilidad en los registros de ingreso y salida de vehículos, incumplimientos contractuales y remates de automóviles realizados sin cumplir requisitos legales esenciales, incluyendo el caso de un vehículo con encargo policial vigente”.
La Contraloría entregó los antecedentes al Ministerio Público y ordenó elaborar un catastro de cierre del aparcadero, el cobro de montos adeudados por la patente municipal y la dictación de una nueva ordenanza para regular la custodia de autos retirados de circulación.
También dio un plazo de 60 días hábiles a la Municipalidad de Villarrica para que informe sobre el cumplimiento de las acciones instruidas, que deben estar acreditadas documentalmente.
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