Se trata de dos incendios forestales que afectaron Traiguén y Lonquimay en 2024 y 2025.
La Contraloría General de la República (CGR) reveló una serie de debilidades en la gestión de Conaf en incendios forestales en la Región de La Araucanía.
Entre 2024 y 2025, la región se vio afectada por dos importantes incendios forestales, y con el objetivo de “velar por la gestión estatal en el combate de estas emergencias”, el ente contralor auditó la acción de la Conaf, detectando “debilidades en su labor frente a los siniestros en Traiguén, en 2025, y Lonquimay, en 2024”.
El caso de 2025 en Traiguén está relacionado con el incendio denominado “Providencia”, que se generó luego de una quema controlada autorizada por Conaf, la cual “no fue correctamente extinguida, afectando un área de 3.064 hectáreas”.
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Dicha autorización “no consideró las alertas tempranas preventivas de incendios forestales emitidas por Senapred ni las condiciones climatológicas de la Dirección Meteorológica de Chile, que proyectaban temperaturas entre 22° C y 28° C, humedad igual o inferior al 30%, además de vientos de hasta 50 km/h en costa y valles”.
De acuerdo a la Contraloría, esas condiciones aumentaban el riesgo de ocurrencia y propagación de incendios forestales.
La institución instruirá un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades de los funcionarios que “con su actuación u omisión, permitieron la quema. Además, se envió el informe al Ministerio Público”.
La Conaf también deberá revisar los criterios usados para la autorización de quemas controladas, con el objetivo de “incorporar en sus procedimientos la verificación de alertas de Senapred y de la Dirección Meteorológica de Chile, garantizando la trazabilidad, oportunidad en la entrega de antecedentes y una evaluación rigurosa del contexto en que se emiten”.
En el caso de Lonquimay, el incendio ocurrido en 2024 “afectó principalmente un área de bosque nativo en la localidad de Troyo, que se extendió en una superficie de 805,85 hectáreas y se extinguió tras 129 días de combate”.
En el informe se constató que “el módulo ‘Costeo de incendios y valorización de pérdidas’ del sistema SIDCO, diseñado para calcular el costo real del combate de incendios forestales, no fue implementado plenamente, lo que obligó a elaborar valoraciones de manera manual”.
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Esto impidió tener información estandarizada, confiable y oportuna. La Contraloría ordenó a Conaf establecer un plan de trabajo para la implementación de dicho módulo en un plazo máximo de 6 meses.
A ello se suma que “se identificó la falta de registro del Comandante de Incidente en SIDCO, en 11 de las 15 fichas de incendios forestales analizadas —incluyendo un caso con información totalmente omitida y 10 con días de combate sin datos—, motivo por el cual Conaf deberá tomar las acciones necesarias para materializar protocolos de interoperabilidad con organismos externos”.
El ente contralor indicó que Conaf deberá “arbitrar las medidas para establecer un procedimiento formal y obligatorio para la remisión directa y documentar al Ministerio Público de los informes técnicos que identifiquen causas atribuibles a conductas negligentes en incendios forestales de alta magnitud cuyo resultado deberá informar a través de un Sistema de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento CGR, en un plazo de 60 días hábiles”.