Un informe de la Contraloría General de la República (CGR) reveló este viernes significativas deficiencias en los procedimientos de fiscalización de armas inscritas a cargo de la Autoridad Fiscalizadora Nº 28 del Departamento O.S.11 de Carabineros de Chile.
Según el informe, la unidad policial no cumplió con su deber de denunciar ante el Ministerio Público los casos en que no fue posible ubicar las armas en el domicilio registrado, ni aquellos en que, tras el fallecimiento de los propietarios, las armas no fueron transferidas conforme a la ley.
El informe también evidenció que la autoridad fiscalizadora no realizó validaciones previas a las inspecciones para enfocar sus esfuerzos en personas de su jurisdicción que, aun teniendo armas inscritas, habían sido condenadas por delitos.
En 37 casos —correspondientes a 26 personas condenadas por crimen o simple delito— se verificó que las armas no fueron incautadas ni se denunció la situación ante la Fiscalía, como establece la normativa.
Asimismo, en 30 fiscalizaciones realizadas a domicilios de personas fallecidas, las armas no fueron halladas y no se pudo acreditar su traspaso legal.
Aunque el sistema informático de Carabineros señalaba que se habían presentado las denuncias correspondientes, no existían respaldos documentales válidos.
Frente a estos hallazgos, la Contraloría anunció el inicio de un procedimiento disciplinario directo y remitió los antecedentes al Ministerio Público.
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