La Contraloría declaró ilegal un oficio del Servicio de Impuestos Internos que fijaba nuevos criterios de prescripción en los delitos de financiamiento irregular de campañas políticas.
El escrito del organismo apuntaba a limitar la persecución administrativa a un máximo de tres años. Esto pese a que la ley establece como tope un plazo de entre 5 y 10 años para interponer querellas en delitos de carácter tributario.
Por este motivo, el ente fiscalizador emitió un dictamen que deja sin efecto el documento del SII, con el argumento de que el servicio no tiene la facultad para reducir plazos legales mediante órdenes administrativas.
En el texto, firmado por el contralor Jorge Bermúdez, se señala que la “entidad habría incurrido en una omisión de sus deberes al haber interpuesto extemporáneamente las querellas que se indican, lo que habría determinado el sobreseimiento definitivo de las respectivas acciones penales por prescripción”.
Para la ex jefa del Departamento de Litigación Penal del SII, Marisa Navarrete, ésta fue una acción deliberada: “Las cosas en el SII no han pasado solo por negligencia, aquí hay una intención clara de haber dejado prescribir ciertas acciones para no perseguir los casos de financiamiento de la política, eso es evidente”.
Ésta es la segunda vez que Bermúdez golpea la mesa frente al actuar del SII. La primera fue cuando criticó que el organismo no presentara querellas en casos de financiamiento irregular de la política.
Deja tu comentario