La Contraloría General de la República (CGR) dio un plazo de 10 días hábiles a la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda para aclarar la fecha exacta, el soporte material o digital y la vía de comunicación del polémico Decreto 333, documento medular de la cartera que autoriza una serie de recortes presupuestarios en el sistema de salud pública y que ha despertado duras sospechas administrativas en el Congreso Nacional.
La resolución del ente de control surge en respuesta a un requerimiento formal ingresado por la bancada de diputadas y diputados del Partido por la Democracia (PPD) e Independientes. Para los parlamentarios, dilucidar el verdadero estado de tramitación de la norma es una carrera contra el tiempo: acusan que la ausencia de una publicación oficial y transparente del decreto les impide actualmente contar con la certeza jurídica indispensable para interponer un requerimiento formal ante el Tribunal Constitucional (TC), acción con la que buscan frenar de manera definitiva el tijeretazo fiscal a las redes sanitarias del país.
El jefe de la Bancada PPD-Independientes, Raúl Soto, arremetió contra la gestión del Ejecutivo y valoró la ofensiva tomada por el organismo regulador. “La Contraloría confirma lo que habíamos señalado, la opacidad y poca transparencia que ha tenido el gobierno para tramitar y ejecutar los decretos de recortes presupuestarios, especialmente respecto de la salud pública en nuestro país”, sostuvo el legislador.
En esa misma línea, Soto enfatizó el complejo panorama institucional que abre esta omisión: “Evidentemente que estos recortes vulneran principios democráticos y también las normas legales y constitucionales. Nosotros vamos a seguir adelante exigiendo transparencia y vamos a llegar a todas instancias que sean necesarias para frenar, y dar pie atrás a estos recortes presupuestarios que han sobrepasado todo límite y que van, sin duda alguna, a afectar a la clase media y los sectores vulnerables de nuestro país”.
Por su parte, el diputado PPD y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara Baja, Fernando Zamorano, profundizó en el alcance de la auditoría impuesta a la Dipres, apuntando al riesgo de que se estén ejecutando reestructuraciones de fondos sin la toma de razón ni la vigencia legal que exige la República. “Sería gravísimo que se estén realizando recortes en salud sin que el decreto ni siquiera haya terminado su tramitación legal“, advirtió el parlamentario.
El legislador complementó que “éste es un antecedente relevante. La Contraloría dio 10 días a la Dirección de Presupuesto para que informe dónde y cuándo fue publicado el decreto 333. Esto demuestra que existen dudas razonables que deben ser respondidas. Vamos a seguir fiscalizando para que se esclarezca con claridad y transparencia totalmente este proceso”.
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