La Contraloría General de la República (CGR) emitió su segundo Reporte de Análisis de Datos con Alerta de Riesgo (RADAR), en el que advirtió una serie de falencias en el uso de recursos públicos destinados a promover la tenencia responsable de animales de compañía.
De acuerdo a lo que explicó la entidad, el análisis tuvo por objetivo “identificar amenazas en el uso de recursos públicos destinados a promover el bienestar animal, prevenir el abandono y resguardar la salud pública y el medioambiente”.
El informe señala que “entre 2017 y marzo de 2026, las municipalidades han recibido $33.647.556.550 a través del Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía (PTRAC)”. Sin embargo, la Contraloría detectó que “61 municipios no realizaron jornadas de rescate animal ni de control poblacional, pese a haber recibido, desde 2022, casi $5 mil millones desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional (SUBDERE) para esos fines”.
Asimismo, el organismo informó que “162 no respondieron a los requerimientos de información de la CGR sobre el uso de más de $16 mil millones transferidos por la misma Subsecretaría”. A ello se suma que “25 municipalidades no cuentan con una ordenanza sobre tenencia responsable; 178 no disponen de lector de microchip o no informaron sobre su disponibilidad; 31 mantienen o financian caniles que no se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Centros de Mantención Temporal”.
Respecto de los registros nacionales, la Contraloría indicó que “se detectaron inconsistencias en el Registro Nacional de Identificación de Mascotas y en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos, a cargo del Ministerio del Interior, particularmente en la identificación de los responsables de los animales”.
El reporte también advierte que, en el Registro de Animales Potencialmente Peligrosos, “solo 748 personas —de un total de 39.987— han realizado el curso de adiestramiento exigido para este tipo de animales”.
Frente a estos antecedentes, la CGR sostuvo que “estos resultados configuran una alerta de riesgo relevante”, por lo que “fiscalizará a la SUBDERE, en su calidad de entidad que transfiere los recursos”, además de exigir a las municipalidades que aún no cuentan con una ordenanza sobre tenencia responsable que la dicten “en un plazo de 90 días hábiles”.
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