La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados continúa con la discusión del proyecto que sanciona el uso de menores de edad para cometer delitos.
La iniciativa busca castigar penalmente a aquellos adultos que, aprovechando su condición, recluten o se valgan de niños, niñas y adolescentes para que estos cometan actos ilícitos o participen en redes criminales.
Además, el Gobierno otorgó suma urgencia a la moción, ya que es considerada dentro de los 19 proyectos que forman parte de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).
En la última jornada, la instancia escuchó a Ignacio Castillo, director de crimen organizado y drogas de la Fiscalía Nacional; Gherman Welsch, director subrogante del Servicio Nacional de Protección Especializada; y a los abogados y profesores Ignacio Ried y Andrés Cruz.
Los invitados concordaron en la necesidad de avanzar en una norma que “castigue a quien instigue, obligue o instrumentalice a un menor, con el objeto de obtener impunidad en la comisión de delitos”.
De ese modo, valoraron que un juez pueda tener un “abanico de conductas” para interpretar si existe “una situación que haga más reprochable la participación del adulto. Sin embargo, advirtieron que el proyecto no menciona nada respecto de cómo recuperar o sacar al niño, niña o adolescente de un escenario de estas características”, según explicaron desde la Cámara.
Los expertos también instaron a revisar si tiene lugar establecer en la normativa el delito de reclutamiento, teniendo en cuenta la experiencia de legislación comparada que existe en países como Ecuador y Colombia.
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