Una nueva arista surge en la investigación por la compra de la Casa de Salvador Allende. Documentos revelados por La Segunda muestran que en abril de 2024, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural envió un correo a la subsecretaria del Patrimonio del Ministerio de las Culturas advirtiendo sobre posibles “efectos jurídicos” en la operación.
Dichos efectos surgen a propósito de que dos de las vendedoras eran autoridades públicas: la senadora Isabel Allende Bussi y la ministra de Defensa Maya Fernández Allende.
El detalle
La alerta, que ahora está en manos de la Fiscalía, forma parte de la investigación por un posible fraude al fisco en la compraventa realizada durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric por un monto de $2.243 millones.
Según fuentes consultadas por el medio, desde las primeras fases del proceso se mencionó un potencial “conflicto de interés”, situación que habría escalado hasta llegar a observaciones legales en octubre de 2024 dirigidas a la Presidencia, aunque hasta ahora no hay evidencia de dolo.
Las vendedoras, Isabel Allende y Maya Fernández, han insistido en que se “excusaron” de participar directamente en la venta y que esta se realizó bajo una tasación independiente y externa al Ejecutivo.
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